Los centros integradores comunitarios (CIC) del norte y sur de la Capital constituyen un emblema muy claro de cómo el Estado, en este caso el nacional, despilfarra los recursos públicos detrás de una concepción política que no tiene correlato con la realidad.

Los CIC surgieron por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que hasta hace unos meses condujo Alicia Kirchner, y que en Catamarca tenía como delegada a la actual diputada nacional Verónica Mercado. Los CIC tenían el objetivo de hacer más accesibles a la comunidad servicios como el de salud, educación y asistencia social.

CICEl caso del CIC Norte, que se empezó a construir en 2004, se concluyó hace relativamente poco tiempo y hasta el momento no fue inaugurado. Es decir, transcurrieron 11 años sin que la Provincia, “beneficiaria” de la obra financiada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la pusiera en su agenda de corte de cintas.

Hoy por hoy, el edificio, ubicado a pocos metros de la avenida Virgen del Valle Norte en la intersección con calle Los Tilos en el barrio Parque La Gruta, no tiene ningún tipo de mantenimiento, ya se quedó sin energía eléctrica y el consorcio de vecinos, que hace lo que pueden para justificar su construcción, espera que se inaugure de una vez.

No solo eso. Esperan, fundamentalmente, que la Provincia, la Nación y el municipio capitalino firmen un convenio por el cual se determine quién se hará cargo de su mantenimiento y se diagrame un plan de actividades. Que semejante gasto, en definitiva, tenga alguna utilidad.

Un panorama más desalentador exhibe el CIC Sur, como también informó este diario a mediados de diciembre pasado. El lugar es objeto de robos y vandalismo permanentes. Las puertas se traban con mesones porque tienen las cerraduras rotas. Varios sectores carecen de energía, con lo cual las vacunas y medicamentos quedan inutilizados por las interrupciones de las cadenas de frío. La cartera de Desarrollo Social de la Nación había acordado que el mantenimiento estuviera a cargo de la Municipalidad de la Capital, ámbito desde donde prometieron iniciar las tareas en breve.

Lo que sucedió en ambos casos es que los edificios se construyeron con una determinada idea de cómo debería funcionar la política social según el anterior gobierno nacional, pero en Catamarca no les dieron importancia. Ni la Delegación de Desarrollo Social se ocupó de hacer que los CIC funcionen ni la Provincia les asignó alguna prioridad, quizás por el hecho de que todo vino de arriba, sin consulta previa ni coordinación operativa. Alcanza con visitar a cualquiera de ellos para constatar esta aseveración.

La inversión nacional en estos centros integradores sirve para plantear nuevamente el debate acerca de cómo se dilapidan recursos sin sentido. En todo caso, mejor habría sido que la Nación trabajara las políticas de contención social en forma conjunta con la Provincia y los municipios.

En otras palabras, quizás más beneficioso hubiera sido que los fondos se destinaran a fortalecer los programas locales en materia de salud y política social en ejecución. Claro que ello habría sustraído a los anteriores gobernantes la posibilidad de alardear con inauguraciones –que de todos modos aún están pendientes en algunos casos- y, sobre todo, de los negociados que suelen implicar las obras públicas que se realizaban a granel y sin importar, como se observa en los CIC, si tenían alguna rentabilidad social.

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