El gobernador del Chaco, Domingo Peppo, ordenó a todas las áreas de su gestión revisar las designaciones y contrataciones de personal realizadas en los tres meses finales de la gestión de su antecesor en el cargo, Jorge Capitanich, una medida que cayó como un bomba en la vida interna del peronismo provincial.

La medida quedó plasmada en un decreto (el número 58, firmado el 15 de enero) en cuyos considerandos se plantea que la actual administración observó que las incorporaciones de más agentes estatales efectuadas por Capitanich “implican un aumento de erogaciones del sector público que pueden tornarse de cumplimiento imposible con los parámetros que la provincia debe satisfacer”.

capitanich2En función de ello, el gobierno considera necesaria “una revisión de los actos administrativos que hayan dispuesto designaciones, beneficios, pases a planta, promociones o contrataciones de personal en el período comprendido entre el 10 de septiembre de 2015 y 10 de diciembre, a fin de verificar la observancia de los principios y normativas contempladas en la Constitución provincial y en las normas legales que regulan el empleo público”.

Aunque no especifica a qué normativas se refiere, el decreto parece referirse a las pautas constitucionales e instrumentos legales que definen procedimientos específicos para acceder a empleos en el Estado, sobre todo para los casos de incorporaciones de empleados permanentes, que en el Chaco gozan de estabilidad laboral absoluta.

El asunto no dio lugar a comentario alguno por parte de Capitanich, que ahora ocupa la intendencia de Resistencia y aspira a conducir el Consejo Nacional del Partido Justicialista, pero en su entorno la decisión de Peppo fue tomada como toda una afrenta. “Lo podrían haber manejado de otro modo, esto es por lo menos descortés”, reprochó un dirigente “coquista”.

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