El planteo lo hizo el diputado provincial Martín Berhongaray, luego de la fuga ocurrida en la Alcaidía santarroseña.

El legislador radical dio a conocer ayer una serie de “reflexiones a propósito de la fuga de los cuatro detenidos de la Alcaidía santarroseña”. “La nueva fuga de cuatro detenidos de la Alcaidía de Santa Rosa debe activar el debate en torno a la conveniencia de establecer en La Pampa un Servicio Penitenciario Provincial”, añadió.

“En reiteradas oportunidades cuestioné, a través de distintos proyectos y pedidos de informes, la extendida práctica de alojar detenidos, tanto acusados, procesados y aun condenados, en las distintas Comisarías y Alcaidías de nuestra provincia”, destacó.
También sostuvo que “las Comisarías y Alcaidías no cuentan con la preparación y los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelario. No solo porque son lugares de baja seguridad, lo cual facilita las fugas”.

comiserias Y apuntó: “No solo porque sacan de sus funciones habituales a muchos efectivos policiales para hacerlos cumplir tareas propias del personal penitenciario, para las cuales no han recibido la correspondiente formación, sino fundamentalmente porque tal proceder resulta a todas luces ilegal según las prescripciones del propio Código Penal, la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales.

“Cuando el artículo 18 de la Constitución Nacional enseña que “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los presos detenidos en ellas”, nos está diciendo que tales establecimientos deben estar pensados para darle al delincuente un tratamiento reformador que modifique su conducta y actitudes, y permita así reintegrarlo a la sociedad”, recordó.

“Porque de lo contrario -continuó-, con la mera privación de la libertad, sin que exista un fin de resocialización, es decir, un objetivo de rehabilitación, es imposible hacer disminuir la delincuencia”.

“Seguridad no significa solo apartar de la sociedad a quien la dañó y puede dañarla de nuevo. Seguridad significa también educarlo para que los errores cometidos no se vuelvan a cometer”, subrayó.

Berhongaray también indicó que “en otras jurisdicciones, el Poder Judicial comenzó a prohibir el encierro de internos en Comisarías por entender que no respetan los estándares constitucionales mínimos. Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de la ciudad de La Plata que ordenó al gobierno provincial desalojar los calabozos de las Comisarías de La Plata, Ensenada y Berisso que habían sido rehabilitados por decisión ministerial como espacios de detención”.

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