El juez federal Sebastián Casanello transformó ayer en prisión preventiva la detención del empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien quedó procesado por lavado de activos y embargados sus bienes en cien millones de pesos en una causa que ahora involucra al ex administrador de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray, actual titular de la Auditoría General de la Nación y citado a indagatoria para el próximo 3 de mayo, por lo cual se le prohibió salir del país.

Casanello procesó a todos los indagados en las últimas semanas en la causa de la llamada “ruta del dinero K”, aunque sólo Báez y su ex contador, Daniel Pérez Gadín, permanecerán en la cárcel ya que a éste también se le impuso la prisión preventiva. Además todos ellos fueron convocados a ampliar sus declaraciones indagatorias para el mes próximo y sufrirán embargos sobre sus bienes, incluido el secuestro de la flota de automóviles lujosos de Báez (ver aparte).

Lazaro BaezEl juez ordenó también que tres veedores designados por la AFIP indaguen en los números de la empresa Austral Construcciones, que durante el kirchnerismo obtuvo la adjudicación de casi toda la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz y que fue creada en coincidencia con la asunción del fallecido presidente Néstor Kirchner, en mayo de 2003. La idea es preservar el patrimonio de la firma. El fiscal Guillermo Marijuán imputó la semana pasada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El magistrado dispuso además librar una orden de captura nacional e internacional respecto del abogado Jorge Chueco, desaparecido desde la semana pasada en la zona de la Triple Frontera que rodea a las cataratas de Iguazú. Y citó para indagatoria a un ex colaborador de Echegaray en la AFIP, el ex titular de la Dirección General Impositiva Rubén Toninelli, sospechados ambos de haber colaborado en las maniobras imputadas a Báez y su entorno, incluido su hijo Martín.

En una extensa resolución de 122 páginas difundida anoche por el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez mandó también librar exhortos a los Estados Unidos, Suiza, España, Belice, Panamá y Uruguay para que colaboren con la investigación. Al existir “delito precedente” individualizado se supone que Suiza aceptará colaborar ya que la ausencia de ellos fue lo que argumentó para no prestar ayuda en otros casos de corrupción.

Echegaray fue citado en la causa del “delito precedente”, una maniobra denunciada por la diputada Margarita Stolbizer a través de facturas truchas en Bahía Blanca. El magistrado enfocó además su pesquisa según lo recomendado la semana pasada por la Cámara Federal respecto de 30 millones de dólares reingresados al país a través de la compra de títulos de la deuda pública, es decir la original “ruta del dinero K” denunciada por TV por Leonardo Fariña y Federico Elaskar e investigada por el fiscal José Campagnoli.

La principal prueba para sostener los procesamientos son los videos de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, donde se ve a los involucrados, a excepción de Báez, contar US$ 5 millones. Los otros procesados son Sebastián Pérez Gadín, Walter Zanzot, Fabián Rossi y César Fernández. Y también fueron llamados a indagatoria Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo Larrea y Néstor Marcelo Ramos, vinculados a Austral y Helvetic Services Group.

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