Con los Panamá Papers se descubrió que Mauricio Macri fue director de Fleg Trading Limitada que, según el Presidente, realizaba actividades legítimas. Luego se conoció Kagemusha S.A., radicada en el paraíso fiscal de Panamá y sin un objetivo social claro.

Pero el mandatario posee una tercera compañía offshore, por el orden que surge de las publicaciones mediáticas. Esta funcionaba en los 90 y fue declarada como fantasma por la Justicia, creada sólo para evadir impuestos.

Se trata de Opalsen, fundada en Uruguay en momentos en que el país vecino tenía un elevado secretismo societario, lo que permitió que se radiquen firmas con fines grises a los ojos de la ley. La empresa dependía en lo concreto de Sevel S.A., la concesionaria de automóviles del Grupo Macri, presidido por Francesco “Franco” Macri y dirigido por Mauricio.

MacriOpalsen fue creada para triangular la importación de vehículos a la Argentina con un pago de impuestos sustancialmente menor. Sevel exportaba autopartes al Uruguay y cobraba supuestos reembolsos para traerlas como autos armados. La DGI descubrió y denunció la maniobra, donde se evadieron U$S 55 millones con la comercialización de 15.000 unidades.

Ante esto, Franco Macri fue procesado por contrabando en 1994 y el ahora jefe de Estado recién en 2001, luego de varias instancias de la causa. Uno de los magistrados, el de la Cámara Federal de San Martín, consideró a Opalsen una “ficción jurídica” en su resolución original. El entonces presidente de Boca Juniors fue castigado por ser beneficiario directo de las operatorias ilegales como director de Sevel, la dueña directa de la firma uruguaya.

Con la investigación en curso, los Macri abonaron el capital de la deuda por la evasión impositiva. Esto fue todo lo pagado, ya que mediante el decreto 493/1995, Domingo Cavallo y Carlos Menem les condonaron los intereses.

Más tarde, la Corte Suprema menemista absolvió a Franco y Mauricio, en un giro inesperado. Tan sorpresiva fue la decisión que la diputada Elisa Carrió utilizó este caso junto a otros cuatro como causal de juicio político a dos de los miembros del máximo tribunal por mal desempeño.

La legislación impidió que se reabra la causa, por lo que los Macri y Opalsen fueron condonados. Sin embargo, el pago de (parte de) los impuestos evadidos se concretó y la firma uruguaya debió ser disuelta. La finalidad de esta tercera offshore, según los primeros fallos, era clara: operar ilegalmente a las sombras del fisco.

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