La Justicia avanza sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, denunciados por enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y adulteración de declaraciones juradas por la diputada Margarita Stolbizer, a través de la firma “Los Sauces SA” , un negocio que ligaría a la ex jefa de Estado con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Formalmente, la ex presidenta y su hijo quedaron imputados en la investigación que instruye el juez federal Claudio Bonadio, con el impulso del fiscal Carlos Rivolo.

La causa está ahora en secreto de sumario y los investigadores están cotejando documentos con los papeles secuestrados el año pasado en la investigación sobre Hotesur, confirmaron fuentes judiciales.

maximo kirchnerBonadio fue el juez que estuvo a cargo de esta última causa hasta mediados de 2015 cuando hizo los allanamientos en el Sur en propiedades de la entonces Presidenta y fue apartado de la investigación.

También es el magistrado que debe resolver en las próximas horas la situación procesal de la ex mandataria en la operatoria de venta de dólares-futuro hecha por el Banco Central y a quien la líder del Frente para la Victoria trató de apartar, hasta ahora en vano, de la investigación.

Rívolo, en tanto, es el fiscal que investigó por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime (hoy detenido) y quien instruyó la causa Ciccone contra el ex vicepresidente Amado Boudou, hasta que fue apartado del expediente por las denuncias del entonces funcionario.

El 4 de abril pasado, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py para investigar a la ex presidenta en el caso de “Los Sauces”, por una operatoria similar a la causa Hotesur.

Stolbizer apuntó contra ese emprendimiento “cinco estrellas”, cuya composición accionaria está integrada por Cristina Kirchner (45%), Máximo Kirchner (32,5%) y Florencia Kirchner (22,5%), entre otros.

De acuerdo a la denuncia de Stolbizer, la sociedad Los Sauces S.A. habría sido usada para cobrar precios por encima de los de mercado por otros alquileres y ventas de inmuebles, a través de negocios que involucraría a los dos empresarios más emblemáticos del kirchnerismo, Lázaro Báez y Cristóbal López.

A López se le habrían alquilado cocheras y departamentos en Puerto Madero, mientras que a Báez se lo vincula con dos complejos de departamentos en la ciudad de Río Gallegos, construidos por Austral Construcciones, la empresa creada por el empresario hoy detenido diez días antes de la asunción presidencial de Néstor Kirchner en el año 2003.

También se denunció una propiedad adquirida en 2010 por los Kirchner en la calle Mascarello -donde actualmente vive la ex Presidenta- que no habría sido inscripta en el Registro de la Propiedad, donde figuraría como comprada dos años después a otra empresa vinculada a Osvaldo “Bochi” Sanfelice, dueño de una inmobiliaria, socio comercial y amigo de Máximo Kirchner.