La Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó al juez Sebastián Casanello que el presidente Mauricio Macri “conformaría” el directorio de la empresa Kagemusha, radicada en un paraíso fiscal y mencionada como parte de la investigación de los Panamá Papers.

La información del organismo financiero, fue remitida al juez Casanello, quien lleva adelante la investigación de la causa conocida como “Panamá Papers“.

En la documentación se precisa que Kagemusha fue creada en 1981 y permanece activa. El titular de la empresa radicada en Panamá, un paraíso fiscal, es el padre del Jefe de Estado, el empresario Franco Macri, y en el directorio figura también un hermano del actual Presidente, Gianfranco Macri.

macriEl reporte de la UIF utiliza el potencial “para consignar cada uno de los datos aportados”. Desde la Casa Rosada habían señalado que la firma Fleg Trading, que estuvo activa hasta 2008, no registró movimientos de dinero. “Apareció como director en una empresa del padre, que está declarada por Franco Macri en la AFIP”, indicó el jefe de Gabinete Marcos Peña.

Ahora, la UIF informó que Kagemusha se encuentra activa, aunque según detalla el reporte se encuentra “en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales”.

Aunque se encuentra radicada en Panamá, el informe presentado ante el juzgado de Casanello, detalla que “la empresa en cuestión no mantendría propiedades en Panamá ni actividad comercial declarada“. Añade también que no cuenta con “antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada“, añade el reporte.

Según informó la agencia DyN, el reporte de la UIF consigna que Kagemusha “se encontraría registrada en la República de Panamá bajo el folio 71446 (S), inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de diez mil dólares, con domicilio en la provincia de Panamá y suscripta por Rodrigo Arosemena y Eloy Benedetti“.

Benedetti es un abogado panameño y Arosemena aparece como un empresario vinculado al rubro de las comunicaciones.

La UIF le aclaró a Casanello que la aportación “puede ser considerada solamente como información de inteligencia”, que “no es válida para procesos jurídicos” y “no puede ser utilizada como prueba”.

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