Nadie imaginaba este final, pero pasó. Fue un pase de manos increíble, que sumó un capítulo más al agitado mundo de la obra pública. Aquellas obras inconclusas y sospechadas de corrupción que Lázaro Báez no hizo pero cobró, y que motivaron una denuncia por asociación ilícita, terminaron en manos de otro de los grupos económicos preferidos del kirchnerismo: el que comanda Cristóbal López . Casi que parece guionado.

Todo empezó con las auditorías que se hicieron sobre las principales obras que tenía adjudicadas Lázaro Báez y su ya casi perecida Austral Construcciones. Entonces se determinó que una de las adjudicaciones -la construcción de un tramo de autovía en la ruta 3, entre Rada Tilli y Caleta Olivia-, que debía haberse terminado hace varios años, no sólo estaba en muy bajos niveles de ejecución esperados sino que, según el contrato, a Báez, aún se debían pagar alrededor de $ 3000 millones al constructor preso en Ezeiza.

lazaro baezLa decisión fue la esperada. Vialidad rescindió aquellos acuerdos y llamó a otra licitación abierta y transparente. La sorpresa llegó meses después. Cristóbal López se presentó con su empresa CPC Construcciones y rompió todos los precios. Licitó muy por debajo del presupuesto oficial y de las ofertas de sus colegas y se quedó con la obra, a cambio de un cheque por $ 1569 millones.

Todo empezó a principios de año, cuando se llamó a licitación para la construcción del tramo inconcluso de la ruta 3. Según el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , la adjudicación a un nuevo constructor importaría un ahorro de $ 1000 millones respecto de lo que tenía acordado Báez. Efectivamente eso se dio, lo que sucede es que el ganador fue el menos pensado. La obra se adjudicó a una de las empresas que tiene como socios a López, miembro accionista principalísimo del Grupo Indalo, acusado de elusión de impuestos por alrededor de $ 8000 millones. La maniobra, recaudar el impuesto a los combustibles y no depositarlo, es investigada por la Justicia.

Vialidad Nacional dividió en tres la obra. Hubo 17 oferentes entre empresas y consorcios que se presentaron para uno, dos o los tres tramos del proyecto. El organismo estimó el presupuesto oficial en $ 1964 millones.

Cuando los sobres se abrieron, la sorpresa se apropió de un sector poco acostumbrado a la competencia. Entonces se desataron las conjeturas. La más fuerte es que Cristóbal y sus socios han puesto en marcha una estrategia para sumar contratos en la compañía y luego sí, desprenderse de ella. Quien venga, dicen los colegas del zar del juego, tendrá que lidiar con una obra que por ese precio no se podrá hacer. Sin embargo, concluyen, la oferta estuvo procedimentalmente correcta. Nada para impugnar desde lo formal.

macriLuces amarillas

En Vialidad se encendieron las alarmas. El número uno del organismo, Javier Iguacel, instruyó a su gente para que la decisión se ajuste a la legalidad. Desde esas oficinas salieron tres consultas: una a la Justicia, otra a la AFIP y la tercera, a la oficina que maneja el registro de constructores. Los dos primeros informaron que los reclamos y los procesos judiciales alcanzan a las empresas del Grupo Indalo y que CPC está fuera de ese conglomerado. A su vez, el registro, dijo que la sociedad tiene capacidad financiera y operacional como para cumplir con una obra de ese tipo.

Con las respuestas sobre el escritorio y sin ninguna impugnación formal, los técnicos de Vialidad analizaron detenidamente los costos presentados. La pregunta a responder era, claramente, si la oferta alcanzaba para que la ruta se termine de una vez.

La primera gran diferencia la encontraron en el factor k -sepa el lector que nada tiene que ver con el kirchnerismo- en el que se ponderan ciertas variables que tienen que ver con los costos generales, los de administración y el margen de ganancia. Allí, Cristóbal pasó bastante menos que el resto. “Si quiere ganar poco, no es nuestro problemas”, decían en Vialidad.

El segundo factor en el que hubo mucha diferencia es la provisión de tosca. A diferencia de los demás oferentes, López cotizó llevar la piedra para poner como base del asfalto desde una cantera ubicada mucho más cerca de la obra que las demás. Eso, claro está, genera un ahorro logístico muy importante. En Vialidad dicen que esa posibilidad es cierta y que la materia prima está en la cantera que se referenció en la licitación. En ese item se explica cerca del 30% del ahorro.

El tercer punto es que la amortización de la maquinaria, que es un porcentaje que calcula el uso y el desgaste de las máquinas para una futura renovación, fue muy bajo. “Si puso una amortización baja será un problema de él cuando llegue el momento de renovar, pero eso no es motivo para decir que no puede hacer esta obra. Es un problema que se generará en su empresa”, dijo una fuente que miró los números de la polémica licitación.

Había un tema más. En el llamado a licitación, Vialidad aclaró que se adjudicaría a la oferta válida más económica, no más conveniente. Esa pequeña disgresión hubiese sido un elemento posible en caso de querer apartarla. Finalmente, la decisión fue ajustarse a la legalidad y entregar los tres tramos a CPC. Ahora todos los ojos del control se centrarán en la ejecución. Y allí también se regirán por los reglamentos si hay algún incumplimiento.

via: lanacion.com.ar