Al disponer la medida, el juez federal Daniel Rafecas consideró probado que Milani no logró justificar “al menos en parte”, el origen del dinero con el que compró una casa en el barrio de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro, escriturada en junio del 2010 por 1,5 millones de pesos.

El ex jefe del Ejército durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el general César Milani, fue procesado hoy sin prisión preventiva por enriquecimiento ilícito, en una resolución judicial por la que también fue embargado preventivamente en 5 millones de pesos.

Al disponer la medida, el juez federal Daniel Rafecas consideró probado que Milani no logró justificar “al menos en parte”, el origen del dinero con el que compró una casa en el barrio de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro, escriturada en junio del 2010 por 1,5 millones de pesos.

En un fallo de 500 carillas, el magistrado también procesó como partícipe necesario de la maniobra al capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro, a quien le trabó un embargo por 2 millones de pesos.
Se trata de un amigo de Milani que cumple prisión domiciliaria en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, y que se encuentra a la espera del inicio de un juicio oral en su contra en la Justicia Federal de La Plata.

milaniSegún había declarado Milani al ser indagado en octubre pasado por Rafecas, Barreiro le prestó 200.000 dólares -equivalentes a unos 800.000 pesos al momento de la operación- para comprar la casa, ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de la zona norte del Gran Buenos Aires.

De acuerdo con la declaración de Milani, su amigo le habría entregado ese dinero “en un bolso chiquito” durante un brindis que se llevó a cabo en el Edificio Libertador en diciembre del 2009 y al menos otras seis personas habrían presenciado esa entrega.

Según la resolución de Rafecas, para justificar el origen de parte del monto, Milani habría fraguado un “contrato de mutuo”, que fue presentado ante la Oficina Anticorrupción.

El juez se basó en informes de los peritos contadores de la Corte Suprema, quienes descartaron ese documento como evidencia.

“El préstamo en dinero por los 200.000 dólares alegado por Milani debe reputárselo como inexistente y, en su intento de justificar las sumas señaladas, Milani se valió de la intervención de una persona de su máxima confianza, compañero de armas y amigo, Eduardo Barreiro, para así pretender simular, a través de la tardía confección de un instrumento privado –contrato de mutuo- un préstamo en dinero que reflejara ex post la cantidad que Milani necesitaba para justificar la compra de la casa”, indicó el magistrado en el fallo.

Rafecas indicó que pese al importante monto implicado, aquel documento “no tenía fecha cierta, ni tenía respaldo de movimiento bancario alguno, ni intervención de escribano o de testigos”.

Por otra parte, la investigación judicial demostró que el supuesto prestamista, Barreiro, carecía de la solvencia económica mínima como para poder prestar una suma semejante, dado que sus ingresos eran la jubilación militar y como empleado bancario, y que según sus declaraciones juradas, tanto anteriores como posteriores, “no tenía un solo dólar ahorrado en los años anteriores, por lo que mal podía estar en condiciones de prestar 200.000 dólares de ellos a un tercero”.

Por añadidura, ni Milani ni Barreiro reflejaron en sus declaraciones juradas impositivas la existencia del mutuo en cuestión.

Para hacer cerrar la maniobra, destaca el juez, Milani apareció vendiéndole a Barreiro un departamento de su propiedad en la calle Moldes 2376 de Capital, “como excusa de la cancelación al supuesto “préstamo” cedido por el nombrado, culminando finalmente, para hacer conciliar la construcción de las maniobras de ocultamiento acerca del real origen de los fondos utilizados por el nombrado, hasta hoy desconocidos”.

Para Rafecas, entre los elementos que permiten afirmar el carácter de fraguada de esta operación figura que el vendedor continuó pagando las expensas de ese departamento durante los tres meses siguientes.

Por otra parte, pese a que en esa supuesta venta no debería haber existido entrega de dinero, el acta del escribano interviniente sostuvo lo contrario.

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