La Justicia tomó la decisión de reabrir una investigación contra Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito. De esta manera, la Cámara Federal determinó la nulidad del archivo del expediente dictada por el juez Daniel Rafecas a fines del año pasado. Los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah entendieron que hubo falencias al notificarle al denunciante que debía presentarse a ratificar su denuncia. Por ese motivo, consideraron que la conclusión a la que arribó Rafecas (el archivo de la causa sustentado en la incomparecencia) fue nula “por fundamentación aparente”.

La denuncia había sido realizada por Saúl Enrique Paz en noviembre de 2016, al conocerse una serie de viajes al exterior de la líder de la Coalición Cívica que según Paz serían inconsistentes con sus ingresos como diputada nacional. En marzo de este año, otra persona, el abogado Mariano Valdez, presentó una denuncia similar contra Carrió (fundada también en los viajes al exterior) que recayó en el juzgado federal de Luis Rodríguez, donde continúa su curso sin novedades.

Elisa Carrió, deberá enfrentar en medio de un año electoral, dos acusaciones en su contra. Fuentes judiciales estimaban ayer que, tras la reapertura ordenada por la Cámara, lo más probable es que ambas causas se unifiquen en alguno de los dos juzgados. Tanto la denuncia de Paz como la de Valdez se sustentan principalmente en los viajes de la chaqueña al exterior.

A su vez, sostienen que la diputada estuvo fuera del país 103 días entre febrero de 2013 y mayo de 2015 y, según la denuncia, siempre habría viajado a través de la agencia Fun Time/Firenze Viajes, propiedad de su íntima amiga Lili Miedvitky. Cabe destacar, que Elisa y Lili habrían compartido varios de esos viajes a Estados Unidos y Europa. La presentación judicial no descarta que la líder de la Coalición Cívica sea “socia no declarada” de la empresa.

La amiga de Lilita es hija de Herman Miedvietzky, fundador del poderoso grupo empresario chaqueño Amarilla Gas. De esta manera, la denuncia de Valdez, se basa en publicaciones periodísticas. Así, busca sostener que Carrió realizó tareas de lobby al interior del gobierno de Cambiemos para que Amarilla Gas sea concesionaria de las redes de distribución del Gasoducto del Nordeste Argentino, que se encuentra en plena ejecución.

En el escrito se vincula la gestión a favor de la empresa con la denuncia penal hecha por la diputada en noviembre pasado contra funcionarios del Ministerio de Energía por conflictos de interés. Estas denuncias advierten la “escasa transparencia impositiva” de la diputada, quien no habría presentado sus declaraciones juradas en 2012 y 2013. Ahora, los camaristas Irurzun y Farah dieron lugar a los planteos de la fiscal de primera instancia Paloma Ochoa y al fiscal de Cámara, Germán Moldes, que con distintos argumentos plantearon la nulidad del archivo dispuesto por Rafecas. El tercer integrante del tribunal, Horacio Cattani, no firmó el fallo fechado el 11 de abril último por encontrarse en uso de licencia.

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