Los comicios de hoy en Ecuador van más allá de elegir al sucesor de Rafael Correa. Los ecuatorianos tendrán que decidir con qué modelo de gobierno
quieren vivir por los próximos cuatro años.

Lenín Moreno, un excandidato al Premio Nobel de la Paz en 2012, expresidente del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Discapacidades, de la OEA, y Enviado Especial del Secretario General de la ONU en Discapacidad y Accesibilidad desde 2013, es el candidato del
oficialista Movimiento Alianza País, que ha gobernado durante los últimos 10 años bajo el llamado socialismo del siglo XXI, algo que Correa enarboló como “La
Revolución Ciudadana” y que, según el plan de gobierno del candidato, es “un proceso latinoamericano de cambio, la nueva independencia que nos ha
permitido recuperar soberanía y dignidad”.

Del otro lado se encuentra un hombre con 42 años de experiencia en la banca, fundador del Banco del Barrio, reconocido por el Banco Interamericano de
Desarrollo como el mayor proyecto de bancarización de Latinoamérica de 2010, y presidente de la Fundación Ecuador Libre, un think tank que busca formular
políticas públicas basadas en principios de libertad y solidaridad social, según su hoja de vida. El candidato del movimiento CREO­SUMA representa a la
derecha de su país y en su plan de gobierno 2017­/2021 aboga por la economía de libre mercado, fiscalmente responsable para lograr un crecimiento
sostenible.

“Las elecciones que se avecinan enfrentarán a dos visiones de país. Nuestra visión se centra en la consolidación de lo logrado estos años y en la
profundización de las transformaciones sociales, económicas, políticas y ambientales. La visión de los sectores conservadores y de derecha apuesta por
volver al pasado y recuperar el imperio del capital, mediante la reintroducción del neoliberalismo en Ecuador. Este dilema sobre dos visiones de la sociedad se
vive en toda América Latina. En el continente ya hay pueblos que cayeron en los cantos de sirena de los mismos de siempre. Sus votantes se encuentran hoy
sin empleo y se arrepienten de haberlos apoyado”, señala Moreno en su propuesta, un documento de 88 páginas que tiene mucho de manifiesto ideológico.

El llamado socialismo del siglo XXI tiene una prueba de fuego hoy en Ecuador. Lenín Moreno, del oficialista Alianza País, intentará ganar en segunda vuelta al
representante de la derecha, Guillermo Lasso, del movimiento CREO­SUMA.

Son 12.8 millones los electores convocados a las urnas para elegir al sucesor de Rafael Correa (2007­2017), quien deberá entregar el poder el próximo 24 de
mayo.

Se prevé una reñida contienda en una nación en la que Correa ganó en tres ocasiones seguidas, dos de ellas en primera vuelta y con amplia ventaja.
Desbordamientos causados por fuertes lluvias ayer podrían afectar la participación.

El plan de trabajo de Lasso, de 50 páginas, enumera 10 principios que regirán su gobierno, a fin de cumplir lo que llama su misión, que es “establecer una
plena democracia regida por el Estado de derecho, donde funcionen las instituciones y se respete la libertad; promover una economía de libre mercado,
fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo y empoderar a los ciudadanos para que elijan con libertad los medios para su
realización”.

Lasso, quien ha sido un fuerte crítico del presidente Correa –por fomentar el hiperpresidencialismo, entre otras cosas– dedica tres principios a remarcar el
carácter democrático que imprimiría su gobierno. Señala que cree en la democracia como el mejor sistema de gobierno, en la alternancia democrática como el
mecanismo para evitar la acumulación de poder, en la democracia participativa, porque promueve el surgimiento de nuevos líderes, y que los fines políticos
solo son legítimos cuando utilizan medios que no atentan contra los derechos fundamentales de las personas, ni contra los principios democráticos.

“Desaprobamos toda forma de caudillismo, mesianismo o personalismo político”, señala el documento, en alusión al culto a la personalidad que según la
oposición y oenegés que, defienden la libertad de expresión y los derechos fundamentales, se ha hecho con Correa, a través de un aparato de propaganda
montado desde los medios públicos y comunitarios –unos 55 a la fecha, según la oenegé Mil Hojas–, incluidos múltiples sitios web que promueven su gestión.
Paralelamente, a través de la aplicación de la Ley de Comunicación censura el ejercicio del periodismo de los medios independientes.

Y mientras Lasso garantiza la libertad de prensa como principal herramienta para la lucha contra la corrupción, Moreno señala que “los medios públicos (antes
casi inexistentes) han cumplido una labor apreciable”, en tanto que “los medios mercantilistas han seguido manteniendo el monopolio, como se ha observado
en los últimos meses. Aquí es donde más se palpa que la libertad de expresión es incompleta, mientras no haya grandes medios comunitarios para que todos
puedan ejercer esa libertad”.

Otro ejemplo de las distintas miradas de los candidatos sobre el país se aprecia cuando hablan de institucionalidad y democracia. Moreno ratifica su
convicción por la construcción del poder popular y el Estado democrático que habría puesto en marcha Correa durante la llamada década ganada. Afirma que
hay una necesidad de regulación y control estatal y que el país tiene hoy un Estado institucionalizado, con entidades y roles claramente definidos y con
gobiernos autónomos. Apuesta a profundizar el modelo.

Lasso, por su parte, considera urgente la recuperación de las instituciones democráticas, y para ello se compromete en su propuesta a “llamar a una consulta
popular que permita a los ecuatorianos pronunciarse sobre las reformas a la Constitución que introdujeron la reelección inmediata de las autoridades de
elección popular y el debilitamiento de la labor de la Contraloría (…) y sobre la despolitización de los organismos de control, que a través del quinto poder han
logrado captar instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, las superintendencias, entre otras”.

Un argumento de por qué despolitizar los órganos de control lo da el excandidato a la vicepresidencia para 2013, Juan Carlos Solines, quien aseguró a este
medio que los cargos previos del actual presidente del Consejo de la Judicatura fueron como ministro del Interior y secretario privado de Correa. “Gustavo
Illalta, la actual cabeza de la función judicial, fue secretario privado del presidente. Otro ejemplo, quien reemplazó a Illalta como secretario privado, su anterior
puesto era presidente del Consejo Nacional Electoral. Omar Simon fungió en las elecciones de 2013 como presidente del Consejo Nacional Electoral, que
supuestamente es un cuarto poder independiente, y de allí pasó a ser secretario privado del presidente”, detalló.

La Fundación para el Debido Proceso también ha criticado la gestión de Correa en este sentido. “El gobierno de la ‘revolución ciudadana’ …ha desenvuelto una
manifiesta línea de acción encaminada a controlar las decisiones judiciales en asuntos que son de interés o preocupación gubernamental; y, segundo, en esa
dirección ha debilitado severamente la división de poderes del Estado y el juego de pesos y contrapesos que caracteriza a un régimen democrático”, señala
Luis Pásara, en el reporte Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, de 2014.

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