El fiscal Picardi imputó al presidente Mauricio Macri y al propio ministro de Energía en una investigación que busca esclarecer si el aumento en el servicio del gas (sumado a los aumentos anteriores) tiene como fin favorecer a empresarios selectos, como ser por ejemplo Nicolás Caputo.

El fiscal federal Franco Picardi le pidió al juez Sebastián Casanello que abra la investigación que promovió a Procuraduría de investigaciones administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez.

La investigación apunta a determinar si el incremento tarifario de gas implicó un fraude al Estado o bien pago de sobornos a funcionarios públicos para que dieran el aval en los aumentos.

Según la información que llega desde fuentes judiciales, los fiscales de la PIA habían hecho el año pasado una presentación para analizar si pudieron haber existido delitos vinculados negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas de gas.

La investigación se abre debido a que la información periodística indica que socios y amigos de Mauricio Macri habrían comprado empresas de electricidad y gas, apuntando principalmente a Nicolás Caputo (Central Puerto), Joe Lewis y Marcelo Mindlin (accionistas de Petrobras).

Para la PIA, el hecho de incrementar las tarifas significó sin duda una importante mejora en las “arcas” de los titulares y accionistas de las empresas del rubro energético.

Los investigadores de la Procuraduría también mantuvieron sospechas porque ese aumento se hizo sin que mediara una audiencia pública, lo cual -sostuvieron- no fue un simple “error técnico”.

El tarifazo, de todas maneras, fue frenado por orden de la Corte Suprema de Justicia, que obligó al Gobierno a llevar adelante las audiencias publicas para escuchar las voces que se oponían al aumento de tarifas.

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