Con la tensión social latente y una provincia paralizada, Alicia Kirchner redobló la apuesta frente a la Casa Rosada señalando que no está dispuesta echar gente frente al desequilibrio de las cuentas públicas.

A pesar de su postura, el ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Donnini, viajará este jueves a Buenos Aires para empezar a negociar con el Gobierno: llevará un primer borrador de lo que será el Plan de Adecuación Fiscal al que adhirió Santa Cruz el 17 de abril, el cual será decisivo para que la Casa Rosada asista financieramente a la provincia.

El documento será clave para que el Banco Nación otorgue el préstamo de $835 millones que busca la gobernadora para disminuir la crisis política que afronta.

Santa Cruz tiene una deuda global con el Estado nacional de 9500 millones pesos a diciembre de 2016, según los números oficiales. Las cuentas están en rojo y sólo para 2017 el déficit proyectado en el presupuesto provincial es de 6731 millones de pesos.

Con los reclamos en las calles, las escuelas sin clases, la justicia paralizada y sin poder hacer frente a los salarios de los trabajadores estatales, la Casa Rosada venía apurando a la provincia para que avance en el plan de adecuación fiscal que apunta a que sanee sus cuentas en 2019.

El plazo para su presentación vencía a mediados de mayo pero ante la crítica situación que vive Santa Cruz, hay más apuro.

Donnini le llevará parte del documento a Alejandro Caldarelli secretario de Provincias del ministerio del Interior en la reunión de este jueves.

El ministro de Alicia Kirchner deberá presentar, si no es el plan definitivo de saneamiento de las cuentas, al menos el esbozo más cercano posible, indicaron fuentes oficiales. ¿Qué espera el Gobierno nacional? Que Santa Cruz reduzca el gasto público que representa el 90 % de su presupuesto.

En medio de las exigencias de la Casa Rosada para asistir a Santa Cruz, la gobernadora sentenció: “¿Cual es el plan serio? ¿Echar gente? No lo voy a hacer”. Y remarcó que es “indispensable” que en este momento el Gobierno la asista. El pedido oficial es otro: “No se le dijo que eche 20.000 personas, sino que congele la planta de personal que en su gestión sumó más de 3.000 agentes”, indicaron fuentes oficiales.

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