La Cámara de Diputados aprobó en general, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que penaliza la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones.

Sin embargo, la sesión quedó suspendida hasta la semana que viene cuando empezaban a discutir las modificaciones punto por punto, en medio de gritos y acusaciones cruzadas.

El oficialismo logró la aprobación con apoyo del “massismo”, que, a cambio consiguió el compromiso de Cambiemos para que se consideren algunas de sus propuestas durante el tratamiento en particular.

A favor de la iniciativa votaron 131 diputados; en contra lo hicieron 63, en tanto que siete se abstuvieron.

Antes de aprobar en general el proyecto, el bloque Justicialista (PJ) propuso la vuelta a comisión del texto, moción que fue rechazada por 118 diputados (Cambiemos y Frente Renovador) y apoyada por 83 (PJ y Frente para la Victoria-PJ).

Cambiemos logró alcanzar el quórum reglamentario para abrir la sesión pasado el mediodía con el apoyo del massimo y del bloque justicialista, aunque hasta la media tarde se especuló con la posibilidad de que la misma se cayera antes de la votación por la falta de consensos.

El oficialismo logró juntar a los 129 legisladores para habilitar el debate sobre la corrupción, con los contados apoyos opositores y pese a la presión ejercida por el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, para que se levantara la deliberación al cumplirse el plazo de espera de media hora que establece el reglamento para reunir el quórum.

Ante el pedido del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió otorgar un nuevo plazo que luego se extendió tras un encendido discurso de la massista Graciela Camaño, que repudió la postura de Recalde.

“Nosotros hemos soportado hasta seis horas de espera cuando el kirchnerismo era oficialismo y quería sesionar, y ha cometido todo tipo de tropelías, y por eso ahora estamos pidiendo hacer un esfuerzo porque el tema a tratar así lo amerita”, agregó la legisladora.

La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública.

Contempla, entre otras cosas, introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, quien destacó: “Es la primera vez que se aprueba una ley para penalizar la corrupción empresarial”, dijo, y aseveró que el texto no le saca “ninguna responsabilidad a aquellos que cometan actos de corrupción”.

El dictamen de mayoría establece que podrá celebrarse un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa que se comprometa a aportar “información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”.

El acuerdo podrá prever el saneamiento de los actos viciados por los hechos reconocidos y la extinción de acciones sancionatorias y administrativas previa intervención vinculante de la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes o en las jurisdicciones locales, que deberá pronunciarse en relación al interés público comprometido.

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