La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado en revisión, el proyecto para penar la Responsabilidad Empresaria de personas jurídicas, en el cual Cambiemos no pudo imponer un artículo para revelar hechos de corrupción, anteriores a la futura sanción de la ley que comprometan a funcionarios públicos.

El artículo 37, vinculado con el caso Odebrecht y que cayó en una votación que resultó 87 votos afirmativos contra 131 negativos, establecía que las personas jurídicas podrían “solicitar el acogimiento voluntario en un acuerdo administrativo de colaboración eficaz por hechos anteriores a la sanción de la presente ley” con intervención de “un representante del ministerio público y de la Auditoría General de la Nación” y sujeto a la aceptación del juez.

Cambiemos intentó, infructuosamente, que se aprobase una versión alternativa del artículo que propuso la socialista Alicia Ciciliani, en el cual incorporaba la participación de la Sindicatura General de la Nación y la creación de una comisión bicameral para investigar la corrupción asociada a Odebrecht, pero el argumento reglamentario para votarlo no prosperó por el rechazo de la mayoría del arco opositor.

El debate en particular de la ley demandó casi seis horas y se desarrolló en el marco de la sesión que reanudó el cuarto intermedio que se había dispuesto el miércoles 28 de junio, cuando el oficialismo se topó con el fracaso de la votación en particular del artículo primero del proyecto.

La sesión de hoy estuvo jalonada por alrededor de una decena de cuartos intermedios con los diputados en sus bancas, durante los cuales se discutían nuevos cambios que surgían del debate.

Los artículos más controvertidos fueron, entre otros, el primero, 5, 8, 9, 20 y 37, referidos a sanciones, atenuantes y agravantes, que tuvieron votaciones nominales a pedido del bloque del Frente para la Victoria-PJ.

El bloque kirchnerista votó por la negativa los artículos en los que no se aceptaron sus modificaciones; el Frente de Izquierda rechazó sistemática todo el articulado.

La sesión empezó con la re-discusión del artículo 1 de la ley, que había caído antes del cuarto intermedio de la semana pasada.

Con 183 votos afirmativos contra 5 negativos y 16 abstenciones el artículo 1 fijó finalmente como objeto de la Responsabilidad Empresaria los “delitos previstos en el Código Penal de la Nación producidos por personas jurídicas privadas sean de capital nacional o extranjero con o sin participación estatal”, enunció Mónica Litza (FR-UNA).

La nueva redacción tuvo el respaldo de Cambiemos y también del FPV-PJ, en tanto que el Bloque Justicialista se abstuvo porque quería otra versión que propuso el salteño Néstor David.

Litza explicó en el recinto que la ley “nos da la oportunidad de hacer un tratamiento que vaya a fondo, pedimos que estén todos los delitos del código penal” y estimó que “con esta propuesta no dejamos ningún cabo suelto”.

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