En medio de miles de temas que posee la agenda porteña por resolver, uno de vital importancia es la gestión del servicio de explotación de la red de subterráneos. El 31 de diciembre vence el contrato actual de la empresa Metrovías (poseedora de la concesión desde hace 23 años), esto hace que se abra un enorme paréntesis en el futuro sobre una de las redes de transporte más utilizadas de Buenos Aires.

Con todo este interrogante, en la legislatura hay dos posturas totalmente distintas, la del oficialismo y la de la oposición. Por el lado de Cambiemos se desea la privatización del servicio. Mientras que del lado opuesto se habla de reestatización integral de la red. Pero, sea cual fuera la opción, el tiempo es escaso, y casi no hay forma de aplicar ninguna de las dos ideas. Eso si, el servicio no corre ningún tipo de “peligro” en lo que respecta a su funcionamiento.

Los cinco proyectos aún están en etapa de debate en comisiones, principalmente la de Tránsito y Transporte, y no es posible que se eleven al recinto hasta después de las PASO del mes próximo. El Poder Ejecutivo plantea un llamado a licitación internacional para dar en concesión el servicio por 12 años, prorrogable por otros tres; un proceso demandaría varios meses por los plazos legales que deben cumplirse para aprobar los pliegos, abrir la convocatoria y adjudicarla. El tiempo tampoco alcanzaría si prospera la intención de la oposición, que podría unificar sus ideas en un solo proyecto.

Ante este interrogante, Cambiemos comenzó a evaluar una opción distinta: otorgarle a Metrovías una prórroga del contrato actual hasta que se resuelva la discusión, para garantizar la continuidad del servicio. En 2012, cuando se aprobó la ley 4472 de regulación y reestructuración del subte, se decretó la emergencia por cuatro años, pero en febrero de 2016, el Gobierno la extendió hasta fines de este año.

Durante la gestión de Metrovías, los pasajeros anuales pasaron de 145 millones en 1993 a 304 millones en 2016. Las mejoras en el servicio no pudieron callar las críticas de los usuarios que aún se siguen escuchando por la frecuencia escasa y la incomodidad en horas pico. Tampoco pudieron ocultar las promesas incumplidas, por ejemplo, la construcción de diez kilómetros por año que anunció Mauricio Macri cuando era candidato a jefe de gobierno.

“Es una de las prioridades en la agenda legislativa de este año, somos optimistas en que antes de diciembre se vote la ley para una nueva concesión”, admitió Francisco Quintana, jefe del interbloque Vamos Juntos en la Legislatura.

Funcionarios porteños ya mantuvieron reuniones con operadores del exterior, por ejemplo, de Francia y Estados Unidos. Aunque también el juego está abierto para Metrovías, que tiene experiencia en el ámbito internacional. En San Pablo, Brasil, operó la Línea 4, la más moderna de América latina, que transporta 750.000 usuarios por día.

Para el oficialismo se trata de una ley que se aprobaría por mayoría simple, con 31 votos. Con 28 diputados propios más cuatro que forman el interbloque, tendrían la pulseada ganada. Pero la oposición se planta para dar batalla.

“Creemos que es una ley que se debe aprobar con 40 votos”, avisó Gabriel Fuks, de Corriente Nacional de la Militancia, autor de un proyecto propio.

Fuks propone que Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) preste el servicio público y ampliar su directorio con la incorporación de trabajadores del subte, usuarios y una persona designada por la Legislatura. Además impulsa que la autoridad de aplicación subsidie la totalidad de la tarifa de aquellos pasajeros que padezcan limitaciones físicas, jubilados y estudiantes.

“Antes de promover una licitación internacional, el Ejecutivo debería explicar por qué convoca a gestores estatales del servicio en otras ciudades”, pidió el legislador.

En el Frente para la Victoria también plantean que la operación pase al Estado, a través de Sbase, y apoyan la idea de que se trata de una ley de 40 votos. “Por el pésimo servicio, la mala frecuencia, el hacinamiento y todos los padecimientos del usuario, nos parece necesario que se intente volver a una gestión pública. Creemos que las respuestas deben llegar por otro lado”, sintetizó Carlos Tomada, presidente del bloque del FPV.

Con ideas en sintonía tanto sobre la estatización como sobre la cantidad de votos, la oposición busca abroquelarse para torcer la decisión del Poder Ejecutivo de continuar con el modelo actual.

Via: ARGNoticias