A muy pocos días de las PASO, los movimientos sociales apuestan a reflotar la pelea que llevaron adelante contra el Gobierno por la Ley de Emergencia Social. Reclamarán, a través de un proyecto de ley que será público el jueves, un total de 10.000 millones de pesos en alimentos.

La Ley de Emergencia Social Alimentaria, ideada por el bloque de Diputados de Movimiento Evita, propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional e instruye al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud a garantizar los requisitos nutricionales de niños, niñas y jóvenes de 0 a 16 años en situación de vulnerabilidad y que padezcan malnutrición.

“Queremos que se refuerce el presupuesto de los comedores y merenderos y que desde el Estado se garanticen los alimentos mínimos básicos”, expresó Lucila De Ponti, diputada santafesina, autora del proyecto.

Según los datos, la cantidad de gente que acude a comer o pedir alimentos a comedores se duplicó en el último tiempo.

“La lectura que cualquiera puede hacer es que la mitad de los argentinos no pueden cubrir el costo de canasta básica. Por eso queremos que haya un compromiso entre los diputados para tratar esta ley antes de antes de fin de año”, explicó De Ponti.

“Todos en las campañas hablan de la emergencia alimentaria o de bajar los precios de los alimentos, entonces queremos que deje de ser una promesa de campaña y se vote”, señaló la integrante del Movimiento Evita.

Los autores de la iniciativa esperan cosechar el apoyo de Libres del Sur y su bloque; también del bloque Justicialista, que integra Diego Bossio y otros ex kirchneristas.

El borrador del proyecto, plantea cinco objetivos concretos:

– Complementar el 50% de los requerimiento nutricionales diarios, necesarios para un adecuado crecimiento, desarrollo y cuidado de todas las personas destinatarias. Es decir: que el Estado cubra la mitad de su dieta.

– Reforzar las partidas presupuestarias destinadas a comedores y merenderos escolares y comunitarios, aumentándolas en un monto de 50%. En otras palabras: duplicar los fondos destinados a paliar la crisis social alimentaria.

– Garantizar para cada hogar el acceso a una Canasta de Alimentos de la Economía Popular (CAEP) con una periodicidad mensual.

– Abordar la nutrición desde la promoción de la salud y prevención de enfermedades, según especifican, “desde la igualdad, equidad y la justicia social”.

– Promover en cada comedor y merendero, escolar y comunitario, la realización periódica de controles nutricionales y antropométricos (tomar medidas del cuerpo) obligatorios a los chicos de entre 0 y 16 años abarcados por la emergencia alimentaria. También busca que en esos espacios se les den consejos nutricionales y sobre hábitos saludables de alimentación.

Al igual que la Ley de Emergencia Social, se crea un organismo de aplicación, en este caso el Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria, integrado por representantes del Gobierno y otros de los movimientos sociales y piqueteros.

El proyecto del Movimiento Evita estipula que haya una representante de Desarrollo Social, otro de Salud, uno de Agroindustria y tres de las organizaciones y movimientos sociales.

El lunes 7 de agosto, durante la celebración de San Cayetano, patrón del pan y del trabajo, los movimientos sociales y piqueteros llevarán el proyecto de Emergencia Alimentaria a la masiva peregrinación.

Unirán la parroquia de Liniers para terminar el día el Plaza de Mayo, reeditando la movilización que el año pasado se hizo en defensa de la ley de Emergencia Social, que finalmente fue promulgada por el Gobierno de Macri, con un presupuesto estimado de 30.000 mil millones de pesos.

El debate todavía no comienza pero algo es casi seguro: en el año electoral, los movimientos sociales volverán demostrar su poder de movilización en la calle, en esta oportunidad para que se decrete otra emergencia, esta vez por comida. “Buscamos el compromiso del Congreso de aprobar la ley antes de fin de año. La posibilidad de marchas siempre está latente”, anticipa De Ponti.

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