Llegando al cierre del día domingo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso la liberación de 30 de los 31 detenidos que protagonizaron incidentes en la Plaza de Mayo durante la marcha para reclamar la aparición de Santiago Maldonado.

Por el momento, quedará sólo detenida una persona que presentó documentación aparentemente falsa durante la instancia de la declaración indagatoria. La Policía se encuentra averiguando su verdadera identidad.

Respecto a los “30” liberados, el magistrado les tomó declaración durante la jornada del domingo y, finalmente, decidió ordenar la liberación de la mayoría en el final del día.

Durante la tarde, Martínez De Giorgi aceptó un pedido de los representantes de Derecho Humanos y recibió a Matías Aufieri, del centro de profesionales de DDHH, y a María del Carmen Verdú, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.

Luego de la reunión, aseguraron que el juez les había adelantado que liberaría a la mayor parte de los detenidos. Ambos le habían manifestado al magistrado su preocupación por la posibilidad de que los manifestantes pasaran su tercera noche detenidos.

Todas las personas detenidas (ya liberadas) están acusadas de haber cometido delitos de “intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad”.

Tras la masiva movilización a Plaza de Mayo para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, las personas fueron detenidas en medio de incidentes que incluyeron la quema de contenedores de residuos, pintadas de paredes, rotura de vidrios de comercios y edificios públicos, así como también agresiones con objetos contundentes hacia efectivos de la Policía de la Ciudad.

Sin embargo, fuentes externas a la Justicia, se encuentran aportando datos respecto a un “clima enrarecido” desde algún sector probablemente proveniente del propio Gobierno. Además de la presencia de personal de seguridad “vestidos de civil”.

La realidad como siempre supera la ficción: en todos los medios se trabajó para señalar a estos violentos como parte de un grupo desestabilizador y la realidad muestra que 72 horas después se van tranquilos a sus casas como si nada hubiera pasado.

Argentina, tierra sin justicia y de operaciones políticas. 

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