El Gobierno de la provincia de Buenos Aires comunicó que el próximo domingo pondrá en marcha un protocolo especial en las escuelas donde se vote, para evitar que eventuales amenazas de bomba puedan afectar la jornada electoral.

“Vamos a tener un protocolo, en primer lugar para tratar de que no se interrumpa el acto electoral. Y en el caso de que eso suceda, vamos a generar las condiciones para que todas las personas de esa escuela voten igual”, anunció el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, en diálogo con radio Mitre. “Hay que procurar que estas acciones no interrumpan la voluntad de voto del electorado bonaerense”, agregó.

El ministro explicó que antes de la jornada electoral, “el protocolo va a determinar la mejor manera de, previamente, asegurar que no haya elementos peligrosos dentro de ese colegio”. En relación a las fuerzas de seguridad, señaló que “van a actuar procurando tener un refuerzo especialmente en la provincia de Buenos Aires ese día”.

Al anunciar la implementación del protocolo especial, Ferrari afirmó que “se van a tomar todos los recaudos para asegurar los votos emitidos, que las actas releven la cantidad de ciudadanos que ya votaron y, de alguna manera, prever cómo completar el acto electoral; todo eso está ya pensado en un trabajo conjunto del Juzgado Federal y del Comando Electoral, con el que nos estuvimos reuniendo estos días”.

En el último tiempo, se multiplicaron las amenazas de bombas en los institutos educativos, en especial en el territorio bonaerense, lo que generó preocupación sobre lo que pueda pasar el próximo 22 de octubre, cuando se realizan las elecciones legislativas.

Ferrari sostuvo que se va a “generar una acción articulada con el Comando Electoral, que reúne a todas las fuerzas de seguridad que se involucran en la elección”.

“Si no, sería tener una postura pasiva y darles el gusto a los que quieren complicar no sólo el acto electoral, sino también el clima de estos días”, justificó el funcionario, quien criticó a la oposición por no condenar las amenazas.

Ferrari aseguró que va a “continuar con el proceso penal” contra aquellos que realizaron llamados con amenazas de bomba “y también generar la acción civil de recupero de los daños, porque son todos los contribuyentes de la provincia los que pagan el gasto (de los operativos)”.

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