La Justicia rechazó este lunes un pedido de prisión domiciliaria para el ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, condenado por la tragedia de Once y detenido desde abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal.

Según el fallo al que accedió DyN, el Tribunal Oral Federal 1 no hizo lugar al planteo de la defensa que buscaba que Jaime pudiera irse a su casa en base a distintos problemas de salud.

La defensa había dicho que su cliente estaba enfermo y que la prisión en la cárcel le impedía “recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia”.

Puntualmente, la defensa señaló que Jaime “había decaído notoriamente en su forma física desde su detención” -perdiendo casi 21 kilos tras las rejas-, y que, según el informe del Cuerpo Médico Forense, “se encontraba angustiado, su discurso presentaba un contenido ideico de queja y padecía de un humor displacentero, como también de trastorno de sueño, por el que se encontraba medicado, y disminución en su alimentación”.

Además, la defensa se quejó porque en el penal “no se respetaba su dieta celíaca e incluso los médicos del SPF habían detectado una afección cardiológica” que podrían “comprometer la integridad vital del paciente”.

Pero la fiscalía se opuso: dijo que Jaime se negaba “a recibir la dieta proporcionada por el SPF” y resaltó “su actitud de negarse al control diario de su presión debido a su condición de hipertenso y de tomar la medicación recetada”.

También recordó que el propio Jaime aseguró ante la Justicia que “su detención constituía una decisión política y no judicial, arbitraria y contraria a él y su familia, siendo esa la razón detrás de sus negativas”.

Para los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michelini y Gabriel Vega, “acierta la representante del Ministerio Público Fiscal al destacar que la situación de alojamiento penitenciario en la que alega encontrarse el imputado, más allá de algunos adjetivos calificativos grandilocuentes empleados para calificar el trato que recibe, no difieren de la del resto de las personas que se encuentran detenidas en las unidades penales de nuestro país”.

Según se resaltó, “es sabido (que los penales) no se encuentran ediliciamente diseñadas ni equipadas con infraestructura de última generación, pero que, a grandes rasgos, al menos aquella en la que Jaime se encuentra privado de su libertad, satisface los requisitos mínimos indispensables para cumplir con los estándares establecidos”.

El fallo añadió que las certificaciones en la causa y otra causa de habeas corpus que inicio Jaime en los tribunales federales de Lomas de Zamora “ilustra la real naturaleza de las quejas del imputado en cuanto al trato dispensado por el SPF, que en forma alguna pueden ser consideradas propias de un alojamiento inhumano o altamente precario, ni revelador de la existencia de algún riesgo para su vida e integridad física”.

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