La Legislatura porteña aprobó que la empresa Metrovias continúe por un año más con la gestión del Subte, y permitió que se concesione por quince años la explotación de las líneas de subterráneo. La aprobación está envuelta en la polémica, ya que se vulneraron las condiciones establecidas para este tipo de dictamen.

Los legisladores de Cambiemos y aliados, aprobaron el proyecto oficialista que establece que la concesión de la red de Subte y el Premetro quede por quince años (doce más opción de extensión por tres más) en manos privadas, y la prórroga por un año a la gestión Metrovias, hasta diciembre de 2018.

Los bloques de la oposición habían presentado proyectos para estatizar el servicio, y claro está, votaron en contra del proyecto oficial. Al mismo tiempo, advirtieron que se vulneraron los mecanismos de aprobación, ya que para esta medida se requería mayoría especial y doble lectura, lo que implicaba el llamado a una Audiencia Pública.

Por su parte, el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, adelantó que van a judicializar el dictamen. “La votación no cumplió con el procedimiento que requiere la mayoría especial de 40 votos. No es la primera vez que se saltan los mecanismos, en el caso del estacionamiento medido también ocurrió lo mismo y lo frenamos en la justicia”, explicó el integrante de la ONG.

El proyecto, que había sido girado al recinto tras la aprobación en un plenario de comisiones de Obras y Servicios Públicos, Tránsito y Transporte y de Presupuesto, fue sancionado con 32 votos positivos del PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública; 23 negativos y una abstención, de los bloques opositores que sostuvieron la posición de estatizar el servicio, postura que fue plasmada en los seis proyectos que presentaron en el plenario de comisiones.

Con esta inconstitucional aprobación, el Gobierno porteño puede llamar a licitación pública, tanto nacional como internacional, del servicio por 12 años, con la posibilidad de extender dicha licitación a 3 años más. Además, establece que “los oferentes deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros y haber transportado en los últimos tres años no menos de 150 millones de pasajeros”. La regulación seguirá en manos del gobierno metropolitano a través de la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.A. (Sbase), tal como ocurre desde el 2012 cuando la Nación transfirió el manejo del servicio a la Ciudad.

El debate en la sesión ordinaria estuvo dirigido por el legislador Diego García Vilas, quien preside la comisión de Obras y Servicios Públicos. En la apertura de la discusión, que se prolongó durante tres horas con la intervención de dieciséis oradores, Vilas sostuvo que “lo que se propone es otorgar en concesión el servicio subte con algunos condicionamientos, entre ellos que la licitación sea nacional e internacional, lo que es muy importante porque lo que se busca es garantizar la mayor concurrencia posible de oferentes”.FPV

Con el impulso que lleva el oficialismo tras las elecciones, la batalla entre privatizadores y estatistas estaba perdida para la oposición, quienes remarcaron la falta de tiempo para discutir el proyecto.

El diputado Javier Andrade (FpV) explicó que “sólo hubo una reunión de comisión, una de asesores y la aprobación. Lamentablemente, desperdiciamos la oportunidad de discutir para mejorar un servicio que es muy deficiente”.

“En todas las grandes ciudades del mundo la gestión de los subterráneos es estatal y acá seguimos entregándolo a manos privadas”, dijo el legislador opositor.

Andrade añadió: “cuando asumió Macri, en 2007, prometió construir 10 kilómetros por año y terminaron construyendo un promedio de un kilómetro por año”, esbozó.

La aprobación con mayoría simple fue el otro punto ríspido. Para el oficialismo, la concesión de servicios públicos no requiere mayoría especial ni doble lectura. El resto de las bancadas planteó la inconstitucionalidad de la votación.

Baldiviezo explicó que “el artículo 82 de la Constitución porteña establece que se necesitan los dos tercios del total de los legisladores para aprobar una concesión, o cesión de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años”, y el artículo “89 sostiene el procedimiento de doble lectura para la concesión de cualquier derecho sobre esos inmuebles”.

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