El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros se entregaron esta mañana voluntariamente en una comisaría de la ciudad de Bruselas. La Policía belga eludió de momento dar más precisiones y desde la Fiscalía de Bruselas se brindará una conferencia de prensa hacia las 14 (hora local) para dar más precisiones.

El expresidente había reiterado en los últimos días su disposición a cooperar y no había mostrado intención alguna de resistirse. “Estamos dispuestos a colaborar plenamente con la justicia belga con respecto a la orden de arresto europea emitida por España”, fue el mensaje que publicó ayer en su cuenta en Twitter, señal de que pensaba acudir voluntariamente a que le tomen declaración.

La Fiscalía de Bruselas había anunciado esta mañana su intención de ordenar su detención antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre las órdenes europeas de detención que pesan sobre ellos.

Puigdemont y sus colaboradores son requeridos por la Audiencia Nacional de España por rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación. Los abogados de Puigdemont y de los ex miembros de su gabinete habían mantenido contacto con las autoridades locales para concretar la entrega.

Ahora la Justicia de Bélgica inicia un proceso que podría demorar hasta tres meses. Una vez que comparezcan ante el juez, y siempre que no acepten entregarse voluntariamente a la justicia española,el magistrado tendrá 24 horas para tomar una decisión sobre las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la magistrada Carmen Lamela. El juez deberá decidir entre dos opciones: mantener a Puigdemont y sus compañeros del Govern en prisión preventiva mientras se gestiona su entrega, o dejarlos en libertad bajo fianza.

Después será el turno de la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial. Tendrá 15 días para pronunciarse sobre su entrega, pero la decisión podrá ser recurrida sucesivamente ante la Corte de Apelación y la de Casación, lo cual permitiría a Puigdemont seguir en Bélgica hasta enero o febrero y hacer desde allí la campaña de unas elecciones para las que se propuso como candidato y pidió una lista unitaria independentista.

El experto en extradiciones Paul Bekaert, antiguo defensor de presos de la ETA, mostró la misma desconfianza hacia la justicia española que su cliente. Planea utilizar como argumentos para paralizar su entrega el riesgo de que en España no se respeten los derechos fundamentales y la imposibilidad de un juicio justo.

Mientras tanto, las entidades soberanistas organizan este domingo una jornada de movilización para difundir carteles en contra del encarcelamiento de varios exconsejeros, en una jornada en la que los partidos catalanes perfilan sus estrategias para las elecciones del 21 de diciembre ante la propuesta de una lista unificada que pidió Puigdemont.

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