Nuevamente la Justicia le dio la espalda a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y le negó dos pedidos. La defensa de la senadora, a cargo del abogado Carlos Beraldi, había presentado un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación para revertir el embargo millonario que pesaba sobre ella por la causa en la cual fue procesada por asociación ilícita.

Ahora, la senadora por Unidad Ciudadana solo tendrá una instancia de reclamo más y podrá presentar su queja ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo al recurso extraordinario que la defensa presentó ante Casación, el embargo “resulta exorbitante y estamos en presencia de un caso de gravedad institucional”.

En este marco, el fiscal general ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, sostuvo que el pedido “es improcedente”, ya que “no se advierten los causales de arbitrariedad invocados” para autorizar la vía extraordinaria. En el escrito, Pérez Barberá señaló que la medida interpuesta por el juez federal Julián Ercolini, “ha sido sustentada razonablemente y los agravios del recurrente solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”.

En este marco, se detalló que la defensa “no demostró cuál concretamente es el gravamen que le provoca a su asistida (Kirchner), y que no es suficiente para obtener la revisión” de la medida y se consideró que el planteo “es insuficiente”. Además, el fiscal comentó que no existen mayores argumentos en la solicitud de Beraldi y planteó: “No son más que reiteraciones del recurso de casación que la Sala IV ya señaló que no era procedente”.

Fue la Cámara de Casación quien confirmó el pasado 2 de noviembre el embargo por $10.000 millones que el juez Ercolini le trabó a la expresidenta por la causa que investiga el presunto direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. De acuerdo a la Justicia, la familia Kirchner le habría facilitado a Báez al menos 52 contratos por $46.000 millones. Además de estas irregularidades, la mitad de las obras quedaron inconclusas y ya se habría podido comprobar que existió un sobreprecio promedio del 65%.

Más allá del dinero, el magistrado ordenó afectar 180 propiedades de los imputados en la causa. En el caso del patrimonio de la senadora, se afectaron 25 propiedades que cedió a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y la participación accionaria de tres empresas: Los Sauces SA (intervenida por la Justicia e investigada por lavado de dinero), Hotesur SA (con veedores judiciales e investigada por lavado) y Coma SA. A esto se le suma un vehículo que ahora está en manos de la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE), al igual que otros 45 vehículos de procesados en esta causa, que tendrán un fin social.

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