La corte suprema de Brasil define este jueves si el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva puede ser detenido para cumplir una larga condena por corrupción y lavado de dinero o si continúa en libertad hasta agotar todos los recursos en las máximas instancias judiciales.

El fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre un habeas corpus preventivo presentado por la defensa de una de las figuras emblemáticas de la izquierda latinoamericana tendrá un impacto central sobre el escenario político brasileño, cuando faltan siete meses para unas elecciones que se proyectan como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.

La sesión comenzará a las 14H00 locales (17H00 GMT) y se llevará a cabo apenas cuatro días antes de que el tribunal de segunda instancia de Porto Alegre (TRF4) responda una apelación contra la sentencia que condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión, por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, implicada en el escándalo de sobornos de Petrobras.

Si una mayoría de los 11 jueces del STF denegara el habeas corpus preventivo y el TRF confirmara el lunes la sentencia, Lula, de 72 años, quedaría a las puertas de la cárcel, ya que la jurisprudencia actual permite encarcelar a quienes tengan una condena firme en la segunda instancia.

Pero si el STF concediera el habeas corpus, Lula podría seguir en libertad, cualquiera sea el fallo del TRF4, mientras se desarrolla el proceso en su contra ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) -tercera instancia- y eventualmente ante el propio STF. Una travesía que podría durar meses o años.

No obstante, cualquiera sea el resultado, Lula no debería librarse de la inhabilitación que impone la justicia electoral a los candidatos condenados en segundo grado. Líder holgado en los sondeos de intención de voto, el futuro electoral del expresidente (2003-2010) recién se dilucidará durante la ventana de inscripción de candidatos, entre el 20 de julio al 15 de agosto.

En medio de una clima de creciente tensión, la organización Vem Pra Rua, de gran protagonismo durante las protestas que derribaron el gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff (2011-2016), publicó este jueves una solicitada de página completa en el diario Estado de Sao Paulo, con la consigna “La justicia es para todos”.

El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), convocó por su lado a una movilización frente al STF, con la consigna “Lula Libre”. También se esperan manifestantes contrarios al expresidente.

– Ninguno “es más honesto que yo” –

Todo indica que el próximo lunes el TRF4 rechazará los cuestionamientos de la defensa del dos veces presidente de Brasil (2003-2010), con lo cual Lula podría ser detenido ese mismo día o al siguiente, según la fecha de publicación del fallo.

Lula volvió a negar los cargos en su contra en la noche del miércoles durante una gira de precampaña por el sur del país.

“Ninguno de ellos es más honesto que yo. Dieron vuelta mi casa, hasta mi colchón, abrieron el extractor de aire y no tuvieron el coraje de pedir disculpas y decir que no encontraron ni un centavo ilegal en toda mi vida”, declaró.

La “caravana” terminará el miércoles próximo en Curitiba, sede del famoso tribunal número 13 del juez Sergio Moro, responsable de la condena inicial de Lula (a nueve años y medio de cárcel), ampliada en enero por el TRF4 a doce años y un mes.

Los fiscales de Curitiba se mostraron alertas ante la posibilidad de que el STF abra una brecha en la ejecución de penas a partir del fin de proceso de segunda instancia. Esa herramienta, junto con las prisiones preventivas y las delaciones premiadas, han sido esenciales para condenar a poderosos empresarios y políticos en el marco de la Operación Lava Jato, que investiga una red de sobornos centrada en Petrobras.

Y temen que ese precedente sirva para liberar a otros condenados.

La posible ejecución de la pena a partir de la condena en firme en segunda instancia fue decidida por el STF en 2016, en una apretada decisión de 6 votos contra 5, y sigue siendo objeto de fuertes controversias.

Sus defensores argumentan que fue clave para desmontar grandes esquemas de corrupción, porque evita los interminables atajos jurídicos disponibles en las cuatro instancias judiciales de Brasil. Sus detractores, en tanto, afirman que viola la presunción de inocencia garantizada en la Carta Magna.

“Una eventual alteración [de la norma] sería desastrosa para los avances registrados recientemente en la lucha contra la impunidad de la gran corrupción en Brasil”, escribió Moro en una sentencia emitida el lunes de esta semana.

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