A través del decreto 263/2018 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el plan de retiros voluntarios en el Estado, con el objetivo de achicar la planta en el Poder Ejecutivo.

El régimen contempla hasta 6 sueldos al momento del retiro y hasta 24 cuotas mensuales posteriores para quienes tengan más de 10 años de antigüedad, todas igual al sueldo neto y la obra social.

 

“Entre las premisas del Gobierno Nacional se encuentra la de lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados, conforme surge del Plan de Modernización del Estado”, señala uno de los considerandos.

Quienes ingresen en el programa no podrán volver a ser incorporados bajo ninguna modalidad de empleo o contratación de servicios u obra en las jurisdicciones y entidades previstas por cinco años desde la baja.

Los requisitos para acceder al retiro serán:

• Trabajadores de 65 años o más tendrán percepción de 24 cuotas no remunerativas mensuales, iguales y consecutivas. Cada cuota será equivalente al monto de la remuneración neta mensual que cobraba el empleado de acogerse al retiro.

• Trabajadores de entre 60 y 65 años, percibirán una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Cada cuota será equivalente al monto de la remuneración neta mensual que cobraba el empleado de acogerse al retiro.

• Trabajadores de hasta 60 años con dos o más años de antigüedad en las administraciones previstas recibirán una suma no remunerativa al finalizar su contrato de empleo conforme a la antigüedad que registre.

• Los efectivos de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, miembros de la AFI, docentes, profesionales de la salud o Servicio Exterior y científicos, quedan excluidos.

• También quedan afuera de este régimen aquellos que se encuentren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública, sumariados, o que hayan iniciado reclamos administrativos o demandas judiciales contra el Estado.

• Quienes ingresen en el programa no podrán volver a ser incorporados bajo ninguna modalidad de empleo o contratación de servicios u obra en las jurisdicciones y entidades previstas por cinco años desde la baja.

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