El Gobierno apunta de lleno a lograr mantener el efecto serrucho durante 2019 (el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya admitió que en 2018 habrá caída de la actividad de 1%), con años pares de contracción del PBI y años impares y eleccionarios creciendo. Por eso ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en busca de garantizar algo de impulso por el lado de la obra pública, anunció dos cosas: la creación de un fideicomiso para canalizar los créditos de corto plazo que se utilizarán para el desarrollo de los proyectos de Participación Público Privada ( PPP), con un aporte del Banco Nación de entre u$s200 millones y 300 millones, y que no habrá sanciones inmediatas a las empresas involucradas en los cuadernos.

El panorama luce complicado para la actividad económica. Casi todos los analistas, y el propio Dujovne, están revisando a la baja las proyecciones de variación del PBI para lo que se viene y cada vez menos creen en la posibilidad de que se mantenga el famoso serrucho. Entre las cuestiones que complican el desempeño para el año que viene se destaca, además de las dificultades para contener al dólar y el traspaso a precios de la devaluación, el fuerte ajuste sobre el gasto público pactado con el FMI en el acuerdo stand by.

De hecho, tal como muestra el reporte del Fondo, para el 2019 el Gobierno debe ajustar 2% el gasto corriente, mayormente sueldos, y 19,1% el gasto de inversión, es decir la obra pública. Con esos recortes, luce difícil el crecimiento. En ese contexto la mayor esperanza para que haya algo de tirón de demanda por el lado de las obras (una caída en el gasto público también tiene su impacto en el consumo privado) reside en los proyectos PPP. Ahora esa ilusión se veía jaqueada por la traba que podía aparecer por el lado del financiamiento externo.

Así fue que ayer Dietrich anunció, en conferencia de prensa, la creación de un fideicomiso público para canalizar créditos de corto plazo, por parte de los bancos privados, que se utilizarán para el desarrollo de los primeros 6 proyectos PPP para la construcción de 6 autopistas seguras (y que implica un compromiso de inversiones de u$s6.000 millones por parte de los privados). Lo acompañó el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, quien también anunció la participación del banco estatal en el fideicomiso, con un aporte como prestamista de entre u$s200 y 300 millones.

Otra gran traba que generaba dudas era la posibilidad de una sanción a las empresas involucradas, que frenara los proyectos. En la búsqueda de despejar esa duda, uno de los conceptos más repetidos durante la conferencia de prensa fue la idea de que es necesario “diferenciar entre las empresas y las personas físicas”. El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, sostuvo que “los empresarios culpables deberán dar un paso al costado del directorio” pero que “no se puede bajar a una empresa por estar en un cuaderno”.Y cuestionado sobre que en realidad los empresarios actuaron en nombre de sus empresas, agregó: “Somos muy respetuosos del poder judicial y no tenemos injerencia en eso, no se pueden adelantar juicios de valor. Habrá que determinar la responsabilidad de las empresas”.

Dietrich destacó la importancia de que las obras se hagan sea como sea: “Estamos trabajando para asegurar que las obras no se detienen y que comienzan. Es fundamental separar a las empresas de las personas que estuvieron involucradas en hechos de corrupción. Debemos cuidar los puestos de trabajo y por eso ahora estamos garantizando la continuidad de los proyectos”.

via Baenegocios.com

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