La justicia federal Luis Rodríguez envió a juicio oral y público al empresario Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA), por haber cobrado del Estado un anticipo de obra de 50 millones de pesos por una ruta en Río Turbio que nunca hizo.

Se trata del escándalo por el pago de ese “anticipo” a la empresa Fainser de Lascurain unos días antes del cambio de gobierno el 10 de diciembre del 2015 y sin ni siquiera haber puesto el cartel del inicio de la construcción de un trama de la ruta 20 en esa localidad minera. La obra era por un total de 500 millones de pesos.

El pedido de condena adelanta la dureza que tiene el fiscal con los empresarios que no colaboran con el avance de las investigaciones y no aceptan ser arrepentidos. Según fuentes judiciales, además provocará que Lascurain “siga preso” en la causa de los cuadernos por dos años más hasta el inicio de otro juicio oral, aunque la palabra final la tiene el juez.

En el pedido de elevación a juicio de esta causa formulado al juez federal Luis Rodríguez Stornelli acusó a Lascurain como partícipe necesario del delito de sustracción de fondos federales, mientras que al ex interventor de Yacimiento Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y actual intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna lo acusó de autor lo que lo acerca, si es condenado, a la pena máxima. Pérez Osuna dijo que las órdenes para hacer la obra de pavimentación se la dio el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

Durante el gobierno de los K, Lascurain fue uno de los “aplaudidores” de los discurso de la ex presidenta Cristina Kirchner. En la causa de los cuadernos, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, confesó que las coimas por las obras públicas eran entre el 10 y 20 por ciento del monto y que, generalmente, el anticipo era el soborno que iba al funcionario, descontándole impuestos. En el pedido al que accedió Clarín, Stornelli también solicitó mandar a juicio oral a los ex directivos de YCRT Miguel Angel Larregina y Juan Marcelo Vargas, así como al ex intendente de Río Turbio, Horacio Mazu.

En su descargo, Lascurain negó haber cometido delito alguno y dijo que “personalmente no tenía trato” con los directivos de YCRT. “Diego Ros hacía la parte administrativa, Ezequiel Vignolo también. Ellos se dedicaban a eso. Yo podía llegar a preguntar cómo iba la cobranza en general, no de esta obra en particular. No sé con qué persona de YCRT tenían contacto. Vargas me mandó un mail pero ni me acordaba, lo recordé ahora con la causa”, agregó.

Según Stornelli, Mazu y Pérez Osuna “habrían primero seleccionado y diagramado una estructura jurídica sobre cuya base se erigió el desvío” y luego coordinaron con la empresa FAINSER S.A., que resultó adjudicada para la realización la obra, la forma y condiciones del desvío” de los 50 millones. “Los funcionarios junto a Lascurain y Mazu “habrían actuado de manera consensuada, primero en orden a retirar la factura presentada a la Municipalidad, y en segundo lugar, a reordenar los pagos, fragmentarlos y presentarlos en suficiente tiempo y forma a YCRT, para que ésta, a menos de diez días del cambio de autoridades a nivel nacional y municipal, le girase fondos federales por $50.000.000, por medio de tres pagos que fueron desviados de los fines legítimamente previstos, enmarcados bajo “anticipos financieros” no previstos en el convenio específico”. “La forma en que instrumentaron los pagos, librando tres cheques retirados por la empresa, alteró el circuito reglado en el convenio invocado. En efecto, el convenio específico estipulaba que los montos habrían de depositarse primero en las cuentas de la Municipalidad y luego ésta habría de destinarlos a los fines indicados. Dicho mecanismos fue deliberadamente omitido, lo que marca la consciencia de los imputados de estar actuando de manera irregular en pos de materializar el desvío antes del cambio de autoridades”, añadió el fiscal. La alteración de las condiciones en que debía realizarse el pago “sumadas a acciones posteriores que habrían tenido por fin ocultar en el expediente administrativo la ocurrencia de estas desviaciones y el desconocimiento e incumplimiento de los compromisos asumidos, marca el carácter subrepticio del desvío; fondos que nunca fueron reintegrados ni empleados a la obra que dio justificación a la maniobra”.

Otra prueba clave fue la copia del contrato secuestrado en la mesa de luz de Larregina que “difería en contaba con un sello fechador del 18 de mayo de 2015, casualmente el mismo día de aprobación de la obra” a diferencia de la versión final.

Fuente: iprofesional

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