La menor cursaba un embarazo de 24 semanas producto del abuso sexual de la pareja de su abuela. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la elección de esa práctica y acusaron a los funcionarios de Salud provinciales de dilatar la decisión

La niña de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela en Tucumán y cursaba un embarazo de 24 semanas producto del abuso, fue sometida en la noche del martes a una cesárea en el Hospital Eva Perón.

Este martes, el Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SiProSa) que depende del Ministerio de Salud provincial, emitió un confuso comunicado donde, a pesar de que se citaba el fallo FAL (dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2012, que determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible ni para la mujer ni para el profesional) también hacía a referencia a “salvar las dos vidas”.

De esta manera se realizó una cesárea en la noche del martes, en la cual la menor dio a luz a un bebé de 600 gramos, que se encuentra en incubadora con respirador artificial, aunque con muy bajas posibilidades de sobrevida. La niña sigue internada fuera de peligro. 

El confuso comunicado del Sistema Provincial de Salud de Tucumán
El confuso comunicado del Sistema Provincial de Salud de Tucumán

La madre y la menor habían hecho un pedido expreso a la justicia de su voluntad de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -contemplada desde 1921 en Argentina en el artículo 86 del Código Penal para casos de violación, o en caso de peligro la salud o la vida de la gestante- pero agrupaciones feministas y organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que el sistema de salud provincial dilató la decisión y que la césarea no es el procedimiento idóneo en estos casos. 

La niña estaba al cuidado de su abuela y su pareja hacía ya seis años -luego de que su madre la perdiera cuando su pareja abusó de sus dos hijas mayores- y cuando el hombre se quedó solo con la menor en la casa ubicada en el departamento de Burruyacú, al noreste de Tucumán, aprovecho para abusar sexualmente de ella. En un control médico se comprobó el embarazo fruto de esa violación y la niña contó lo ocurrido a su madre, que presentó la denuncia. 

María del Carmen Reuter, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia, ordenó la detención del hombre de 65 años y le tomó declaración a la menor en Cámara Gesell hace más de dos semanas, donde ella confirmó el abuso.

Nina Brugo, referente y cofundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la petición con la cual se manifestaron frente a la Casa de Tucumán (Colin Boyle)
Nina Brugo, referente y cofundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la petición con la cual se manifestaron frente a la Casa de Tucumán (Colin Boyle)

“Estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”, indicó  el secretario de Salud provincial Gustavo Vigliocco en declaraciones a Radio Con Vos en la última semana.

Sin embargo, en el Hospital Eva Perón, donde ingresó por “autolesiones”, la niña habló con una psicóloga y -según reveló Página/12- dijo una frase que consta en el acta judicial: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Su madre también firmó el consentimiento para que se lleve a cabo la práctica.

El pasado fin de semana, y a través de un amicus curiae (“amigos del tribunal”), las organizaciones Abogadas y Abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) dependiente de Naciones Unidas, pidieron a la jueza de Familia de la 5ta Nominación del Poder Judicial de Tucumán, Valeria Brand, que ordene al Estado que respete la voluntad de la niña.

Finalmente, el gobierno provincial autorizó la operación para interrumpir el embarazo que, según consta en un informe médico que integra la causa, se trataba además de una gestación de “alto riesgo obstétrico”. 

No obstante, agrupaciones feministas, a favor del aborto legal y organizaciones sociales cuestionaron el tipo de intervención a la que fue sometida anoche, que no fue solicitada ni por la niña ni por la madre.

“La verdad no se entiende por qué motivo le hacen cesárea, que no sea por una tortura hacia la niña”, Estefania Cioffi, médica generalista de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. “A esa edad gestacional, lo recomendado internacionalmente por el manual de práctica clínica de la Organización Mundial de la Salud es la dilatación y evacuación, que se puede hacer con anestesia sin ningún problema y probablemente sea lo ideal para una niña de 11 años”.

Además, la especialista destacó que en este caso la cesárea es “una práctica sumamente cruenta, que deja cicatrices, que tiene mayores complicaciones a nivel físico, pero también en términos de secuelas hacia adelante”. “Todo lo que nos podamos imaginar de una niña de 11 años con una cicatriz que le atraviesa el cuerpo, que le recordará para siempre tanto la violación como la situación que tuvo que vivir todas estas semanas“, señaló.

(Colin Boyle)
(Colin Boyle)

“Le practicaron una cesárea a Lucía [nombre ficticio para preservar la identidad de la menor], la expusieron a una tortura de dos meses, la obligaron a parir”, publicaron a través de redes sociales desde el colectivo Ni Una Menos de Tucumán y exigieron la destitución de la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, y el secretario Vigliocco.

“SiProSa ha demostrado múltiples violaciones de derechos en este caso por lo cual vamos a estar alertas para que el seguimiento sea el adecuado y también para exigir que los responsables de negarle la garantía de sus derechos sean corridos de sus cargos como funcionarios públicos“, indicó en ese sentido Cioffi,

Se trata del segundo caso del año de estas características. Durante enero en la provincia de Jujuy, una nena de 12 años que había sido violada fue sometida a una cesárea y no a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La menor, que cursaba entonces un embarazo de 23 semanas, dio a luz a una beba que pesaba 700 gramos y falleció a los pocos días. Tras conocerse la muerte, Gustavo Briones, jefe del área de obstetricia del hospital renunció a su cargo y presentó un escrito manifestando su desacuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo de “desoír el consejo médico”.