Por María José Lubertino. El mandato de armonía con la Naturaleza es algo más que pensar en desarrollo sustentable y en las futuras generaciones: entraña el respeto a los tiempos y ritmos de la  Tierra. Implica también quitar del centro de la concepción al hombre, como nos imponían los mandatos del modelo patriarcal colonizador hoy en crisis en sus múltiples aspectos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Encíclica del Papa Francisco sobre Nuestra Casa Común van en la dirección anterior. Sin embargo, en América Latina, tenemos todos los saberes ancestrales acumulados y no los escuchamos. Por eso, más allá de la necesidad de repensar las formas en las que producimos y consumimos por nuestra propia supervivencia y la de nuestros descendientes, también es derecho positivo vigente la obligación de aplicar el mandato del principio de la armonía con la Naturaleza que se traduce en la regla in dubio pro ambiente.

Lamentablemente, en las políticas públicas, la legislación y la jurisprudencia este no es nunca o muy excepcionalmente el criterio imperante. La Ley General del Ambiente (25.675) estableció sabiamente en el año 2002 la creación de un Sistema Nacional integrado de Información ambiental y la obligación de que el gobierno presente anualmente al Congreso un Informe sobre la situación ambiental del país. Esto nunca se cumplió. No hay indicadores, planes, metas ni informes en la web del Ministerio de Ambiente ni registros en el Congreso de la Nación de que se hayan presentado. Sólo se conoció un informe del 2012 a partir de un pedido de informes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Hay información dispersa de algunas provincias y lo que surge a regañadientes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia dela Nación en la Causa Mendoza sobre el Riachuelo. Por ello celebramos la presentación del Informe 2016 por parte del Ministerio de Ambiente que nos permitirá comparar con el 2012 y trazar una línea de base si se mantiene la sistematicidad. La falta de información se ve agravada por la falta de análisis cabal sobre sus relaciones con los aspectos sociales y económicos del desarrollo. El Estado debe desarrollar un ordenamiento territorial, científicamente fundado y con participación ciudadana, que asegure el desarrollo correcto de medidas necesarias para reducir los efectos negativos del cambio climático y tomar provecho de algunos de los efectos positivos posibles.

Se habla mucho de cambio climático como si fuera algo impredecible e irremediable cuando, en realidad, se sabe mucho y no se hace demasiado. Es urgente planificar y desarrollar sistemas de resiliencia de áreas urbanas y rurales; desarrollar medidas de adaptación y mitigación por región; implementar el manejo de riesgos y reducción de desastres; seleccionar regiones de relocalización de cultivos y crías; desarrollar especies vegetales y animales adaptables a las condiciones extremas que genera el cambio climático, reduciendo migraciones internas; desarrollar una “geografía de la salud” – como la llama Osvaldo Canziani- , dentro del marco del sistema climático en transformación. Hay infinita cantidad de leyes o normas que podrían ser modificadas en relación a la eficiencia energética, al ahorro de agua o para las construcciones de obra pública sustentables -que incluso en este caso fue anunciado por el actual Presidente. Estas podrían, mediante incentivos y reglas por “default”, ponernos en la senda de consumos sustentables. A modo de ejemplo, para enunciar las leyes pendientes que son mandato constitucional o legal alcanza con mencionar que no tenemos Ley de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Educación Ambiental, ni tampoco Ley del Fondo de Compensación Ambiental. Duermen también muchos proyectos de creación de tribunales ambientales.

Los tres poderes del Estado deben ejecutar medidas necesarias en defensa de los intereses sociales y económicos nacionales y la defensa del ambiente. En el Dia de la Pachamama renovemos nuestro compromiso con esta causa. Sino la Naturaleza seguirá cobrándose el daño infringido por esta especie humana autodepredadora.

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