Como era previsible, Elisa Carrió busca capitalizar en términos de poder concreto su buena performance electoral en la Capital Federal. Y ya avisó hacia el interior del Gobierno una cuestión que para la diputada electa y socia fundadora de Cambiemos es innegociable: su embestida hacia el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Por eso es que después del impasse proselitista, donde ni siquiera hizo referencia al titular del máximo Tribunal, buscará reactivar el pedido de juicio político contra el juez, a quien había enrostrado una catarata de delitos y puso a la Casa Rosada al límite de una guerra de trascendencia institucional. Con las elecciones, las contrademandas en el fuero civil aplacaron novedades, algo que apunta a cambiar en las próximas semanas. En el entorno presidencial ya dan por descontado que se abrirá un nuevo frente, antes de que la Corte se expida en la trascendente causa por el Fondo del Conurbano, con posible resolución ya iniciado 2018.

La chaqueña buscará además extender su poder hacia otras áreas de la Justicia y hacer foco precisamente en los tribunales de Comodoro Py, adonde jueces -pero también fiscales- se preparan para recibir la metralla, algunos bajo el escudo de la “Superliga”, denominada AJuFe. La diputada hizo llegar el anuncio de que ya no utilizará el bozal electoral para evitar fricciones con Lorenzetti, quien se mantuvo con vuelo rasante durante los meses de la campaña y no volvió a publicitar los resultados de la demanda civil por “daños” que entabló con Carrió, luego de que en abril cruzaran cartas documento y que ingresara su pedido de jury con varias carillas de irregularidades que atribuyó a su accionar al frente del máximo tribunal.

El plan Carrió tiene tres vectores principales:

  • El Consejo de la Magistratura (donde este diario adelantó que buscaba ocupar uno de los sillones de consejero y postular allí a la diputada electa Paula Oliveto), órgano clave para definir un 27% de cargos del Poder Judicial que la gestión Cambiemos podría cubrir en 2 años;
  • La Corte y los mecanismos de control de los fondos asignados, con una sorda pelea por alcanzar el sitial de la administración general y acceder al manejo del jugoso superávit que controla la Corte que supera los $14.000 millones; y por último,
  • Los jueces federales (de manera selectiva). Paradójicamente, estos últimos criticados históricamente por el macrismo por su accionar en causas de presunta corrupción, no hicieron otra cosa que darle buenas noticias a la Casa Rosada durante toda la campaña.

La puja por el sillón en el Consejo fue rápidamente conjurada por el radicalismo, que evitó que ese lugar pudiese ser ocupado por un “lilito” puro y colocó allí a Mario Negri en reemplazo de Gustavo Valdés ante la inminencia de su gobernación correntina. Carrió no agitó las aguas pese a que había reclamado para sí esa posición. Si avanza el trámite parlamentario de un nuevo formato para el órgano de selección y remoción de jueces sin diputados ni senadores sino con representantes de ese estamento, sus chances para colocar allí a quienes representen a los Diputados podrían aumentar.

En el Gobierno se dieron por enterados de la intención de Carrió de avanzar en su embestida contra Lorenzetti. Ninguna de las movidas contarán con un aval explícito, aunque -como ocurrió a principios de año- en el cuarto piso del Palacio de Tribunales podrán hacer una lectura diferencial del rol que cumpla el Ejecutivo como “policía bueno” en la disputa. De uno y otro lado, no dudan que Horacio Rosatti es el nombre del juez supremo que Carrió desearía que ocupe la presidencia, para la que Lorenzetti tiene mandato hasta fines de 2018.

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