María José Lubertino (*) La aparición pública del audio de la llamada telefónica de la ex Presidenta al ex Secretario General de la Presidencia – aun no aclarado si proveniente de una escucha legal con orden judicial o ilegal y quien autorizó su ilegal difusión – y más aún la denuncia por presuntas coimas al actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) vuelven a poner sobre el tapete el debate sobre los servicios de inteligencia en materia de seguridad.

La AFI fue creada por la Ley 27.126 modificando la Ley de Inteligencia Nacional. Es el organismo sucesor de la deplorable-mente célebre Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), a la que también se le transfiere desde el Ministerio de Seguridad la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Funciona bajo la conducción política e institucional del Poder Ejecutivo y es el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Su función específica es la producción de “inteligencia nacional” e “inteligencia criminal” referida a delitos federales complejos -trata, lavado de dinero, narcotráfico, delitos económicos, entre otros- , en el marco del respeto a los derechos y garantías de los/as ciudadanos/as consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Históricamente desde la vieja SIDE en la dictadura, pero también en democracia y sin solución de continuidad ha sido -más allá de los cambios de gobiernos y de nombres- un lugar de espionaje a políticos/as, periodistas, sindicalistas y dirigentes sociales, de operaciones sucias, de financiamiento espurio de la política y de alguna prensa y de presión y manipulación de algunos/as integrantes de la Justicia. Pensemos por ejemplo que el dinero la famosa coima a los senadores para que votaran “la ley Banelco” de flexibilizacion laboral durante el gobierno de De la Rua salió de esta caja negra.

Todos los gobiernos cuando llegan al poder vuelven a caer en la tentación de que podrán controlar este monstruo de varias cabezas, o al menos a alguna de ellas, y de hacerlo jugar a su favor, y terminan siendo sus victimas. La connivencia con ese núcleo no favorece los cambios. Un ejemplo claro es el del anterior gobierno, que terminó siendo su víctima y hacia el final de la gestión intentó un drástico cambio con el Decreto PEN 1311 del julio del 2015 que avanzó al dar publicidad y trasparentar en 400 páginas la estructura y funcionamiento de la inteligencia – después de setenta años de la existencia de esa Ley-. Sin embargo fue una oportunidad perdida para ir fondo y desmantelar estos perversos andamiajes de poder paralelo.

El actual gobierno no sólo los mantiene sino que vuelve atrás al derogar dicho decreto en mayo de 2016. Eliminó la rendición de gastos en la AFI, la obligación de registrar los fondos y el uso que se les otorga y se borró el régimen profesional, transfiriendo más poder para el titular del organismo. Vuelve al secreto, se profundiza la oscuridad. A esto se suma su titular, sospechado de transferencias de jugadores de fútbol, ahora imputado por el cobro de retornos de alrededor 600 mil dólares de un operador de la constructora brasileña Odebrecht, no habiendo probado hasta ahora el origen de la transferencia registrada y que dió versiones contradictorias sobre las mismas, siendo defendido por el Presidente en persona. Y el cuestionamiento a la segunda del organismo por parte de integrantes de su propia fuerza política de hacer espionaje ilegal contra propios/as y ajenos/as.

Además y para colmo no está claro quien está haciendo las escuchas judiciales porque al crearse la AFI se quitó la Dirección de Observaciones Judiciales (la famosa “Ojota”) de la SI y pasó al Ministerio Público Fiscal, mediante la creación del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones, pero el actual gobierno las sacó de allí y las pasó a hacer depender de la Corte, la que no tenía equipo ni tecnología para tan vertiginoso cambio, por lo que se piensa que la ex SIDE volvió a prestar estos servicios, lo que no fue desmentido ni por Arribas en el Congreso ni por Madjalani en la Justicia.

Falta un reforma profunda para un buen servicio de inteligencia que ayude en la lucha contra el crimen organizado y que no se use contra opositores u oficialistas no obsecuentes o para causas aún más innobles. El Congreso debería impulsar una ley que regule la transparencia, propugne la eficacia y garantice un control democrático sobre dicho organismo. Caso contrario es preferible que se disuelva y se pase a un esquema de una Dirección Nacional de Inteligencia en el Ministerio de Seguridad y otra en el Ministerio de Defensa, en el marco de sus respectivas competencias, sin más. No queremos escuchar más ruidos en nuestro teléfonos.

María José Lubertino (*) es Profesora Titular de Principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. CBC-UBA.  La autora de la nota esta postulada por la Senadora Sigrid Kunath para ocupar el cargo de Defensora del Pueblo de la Nación 

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