Hace poco más de un año me trasladé definitivamente a Cafayate por razones de trabajo. Esta ciudad cercana a los 15000 habitantes cuenta, desde hace cinco años, con su propio juzgado comprensivo de la casi totalidad de los fueros. Es decir, un juzgado multifuero. Aunque se podría opinar sobre su funcionamiento, es innegable el acceso a la justicia que se ha logrado en la zona ya que antes los habitantes de los valles debían trasladarse a la capital para llegar a los tribunales.-

La provincia de Salta tiene implementado, desde el año 2010 y para el fuero civil y de familia, el sistema de mediación previa y obligatoria. Así, quien desee iniciar una demanda judicial debe, salvo excepciones, recurrir a un centro de mediación (privado o comunitario) y citar a aquel contra quien reclama a una instancia de conciliación. Una vez hecho y ante el fracaso de dicha instancia, puede recurrir al órgano judicial.-

El Dr.  Sebastian Ipharraguerre es titular del Estudio Integral Leccese - Ipharraguerre & Asoc. ubicado en la prov. de Salta.
El Dr. Sebastian Ipharraguerre es titular del Estudio Integral Leccese – Ipharraguerre & Asoc. ubicado en la prov. de Salta.

En Cafayate no actúan mediadores privados. Tan solo tiene un centro comunitario que funciona en un modesto edificio ubicado a un costado de donde actualmente se encuentra asentado el juzgado: los terrenos del viejo hospital de la localidad. Allí se desempeñan dos mediadoras (Jorgelina y Liliana) y un oficial notificador quienes deben atender las hoy múltiples cuestiones sometidas a este procedimiento, no solamente de Cafayate sino también de localidades aledañas, inclusive de provincias cercanas como Catamarca y Tucumán. Es grande el volumen y las chicas trabajan a destajo realizando múltiples audiencias diarias, una tras otra.-

Así las cosas uno puede pensar que se les provee de todos los elementos necesarios para que puedan atender el gran volumen de trabajo que las ocupa. Pero en realidad están muy lejos de eso. El Centro de Mediación Comunitario de Cafayate fue implementado por medio de un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de Salta y la Municipalidad de Cafayate. Por tal convenio, el Ministerio contrata los mediadores y abona sus “salarios” (pronto explicaré por qué lo digo entre comillas) y la Municipalidad gestiona el funcionamiento del Centro, es decir, provee de insumos y materiales, abona cuentas, y en general cualquier gasto que derive de su funcionamiento. Pero sucede que hoy esa gestión roza lo nulo, como en muchas otras áreas municipales. Así, el Centro lleva tiempo sin teléfono pues se rompió y nadie solicitó su reparación, no contando por lo tanto con servicio de internet. Si alguien del lugar desea comunicarse debe utilizar su propio teléfono celular. Hace unos días se quedaron sin tinta en sus impresoras, fueron al municipio a solicitar el insumo y fueron ignorados y maltratados.-

Hoy el Centro no emite sus constancias de mediación -que habilitan el inicio de una demanda judicial o es el convenio que cierra la cuestión- por no poder imprimir. Elaboran las citaciones y formularios de audiencias completamente a mano. No pueden llamar por no tener teléfono (a veces ni siquiera uno propio), y al presentarse a reclamar el cumplimiento de sus obligaciones, los funcionarios municipales los destratan como si fueran a pedir un favor.-

Su situación laboral no es precisamente mejor. Los mediadores comunitarios que contrata el Ministerio de Justicia cobran $ 5092 mensuales pero bajo la modalidad de la locación de servicios (es decir que están contratados en negro). De ello deben abonar el monotributo (pues si no facturan no cobran), obra social y aportes, de lo cual les quedan unos $ 4500 en mano, suma que varía según la obra social que contraten y los familiares que incluyan. También se debe considerar que parte de ese dinero es destinado a capacitación pues se trata de mediadores que deben estar constantemente actualizados para conservar su matrícula. Es decir que personal con capacitación y actualización cobra menos de un salario mínimo vital y móvil sin siquiera ser reconocidos como empleados de la provincia, por lo tanto sin cobertura social y sin acceso a la carrera administrativa. Los contratos son anuales, o sea que si el próximo 1° de enero si la Provincia desea prescindir de ellos simplemente no les firma un nuevo contrato, y no debe pagar un solo peso de indemnización por ello. Los contratos están publicados en el Boletín Oficial http://boletinoficialsalta.gob.ar/anexodigital/2016/19743.pdf .-

El problema no es solamente las condiciones en las que trabaja el centro. También lo es el efecto que su estado produce en la comunidad. Como lo tengo dicho, todos debemos acudir a este centro para solucionar nuestros conflictos, y uno necesariamente como abogado particular debe remitir allí a sus clientes. Mientras este centro no pueda al menos emitir sus constancias estaremos vedados de acceder a la justicia para iniciar una demanda (muchas suelen ser urgentes) o solicitar la homologación de un convenio. Pero desde el lado de la Municipalidad gestora no parecen tener una clara dimensión del problema. Mientras no lo vean y actúen en consecuencia, estaremos a su merced.-

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