La Coalición Cívica, en la figura de Lilita Carrio, manifestó su rechazo a la eliminación de las retenciones a la exportaciones de la industria minera, anunciada ayer por el presidente Mauricio Macri, mientras que advirtió que se trata de una “entrega de recursos públicos” en beneficio de un grupo de empresas, en su mayoría extranjeras.

Para la fuerza que integró la alianza Cambiemos, la medida “significa la entrega de recursos públicos en favor de empresas (en su mayoría multinacionales) con rentabilidad superlativa en los últimos años”.

La medida anunciada por el presidente Mauricio Macri implicará una pérdida de 3.300 millones de pesos que el Estado dejará de recaudar cada año y que es probable que las mineras terminen remitiendo al exterior del país, apuntaron. Por eso, advirtieron que “la defensa del interés general no debe ceder ante las presiones sectoriales, como lo es el lobby minero”.

carrioEl comunicado, que lleva la firma de Carrió, los diputados Fernando Sánchez, Alicia Terrada y Leonor Martínez Villada, la directora de ACUMAR, Fernanda Reyes, y el diputado provincial catamarqueño Rubén Manzi, el partido se refirió a la cuestión ambiental. “Un país que cuida su presente y piensa su futuro pone como prioridad la agenda ambiental, no la rentabilidad de unos pocos”, sentenciaron. “Tengamos en cuenta que en nuestro país operan en dicha actividad más de 50 megaempresas internacionales y sólo un puñado de empresas nacionales”, agregaron.

El texto de la CC recordó que desde la ley 24.196 de Inversiones Mineras sancionada durante el gobierno de Carlos Menem en adelante, “la actividad minera es, sin dudas, una de las actividades productivas más beneficiada e incentivada por las leyes nacionales, situación que se ha consolidado a lo largo de la gestión kirchnerista”.

“El régimen legal -promocional- para las inversiones mineras en la Argentina incluye una serie de beneficios comerciales, tributarios, financieros y cambiarios, a lo que se suma la permeabilidad e ineficiencia en los controles del Estado”, denunció. “Hoy la actividad minera cuenta con un régimen tributario especial que contiene excepciones en los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado, al cheque, a los derechos de importación y exportación, régimen de estabilidad fiscal y un compromiso federal que garantiza la no imposición de gravámenes y tasas municipales ni impuesto a los sellos provinciales, graficó.

Un ejemplo comprueba estos beneficios: mientras las tarifas energéticas suben para toda la población, las mineras las mantienen congeladas. Hace apenas dos años, la mina Veladero pagaba 2.700 pesos al mes por usar millones y millones de litros de agua. Por eso desde la CC subrayaron que la minería es “la envidia de todo comerciante, industrial y prestador de servicio en nuestro país”.

“A esto debe sumarse que el canon impuesto a la minería establecido en pesos y no ajustados por casi veinte años, fue recientemente actualizado con criterios vergonzosos por la administración de Cristina Fernández de Kirchner”, completó.

La CC consideró que “a una actividad con baja capacidad de generación de puestos de trabajo y alto impacto ambiental, no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable”.

“El uso de las reservas de agua, el cumplimiento de la ley de glaciares, el impacto ambiental por explotación y sus eventuales accidentes -como fue el derrame de agua cianurada ocurrido en la mina Veladero, comprometiendo la salud de los habitantes de la ciudad de Jachal, en la Provincia de San Juan, sin que implique sanción alguna para la empresa- la reforma del código de minería entre otros, deberían ser los temas de atención de una nueva gestión”, denunció.

Por su parte, el radical Ricardo Alfonsín expresó hoy que reprochó al Gobierno no haber incluido temas ambientales como “las condiciones de contralor y evitar daños” en la actividad minera, tras el acto en el que anunció la quita de retenciones para las exportaciones de esa actividad industrial. “Lamento que no se haya hecho referencia a la necesidad de asegurar un Estado eficiente capaz de garantizar que está en condiciones de controlar y evitar daños que puede producir una actividad altamente riesgosa en términos ambientales”, señaló.

El legislador dijo que “con ánimo constructivo” hubiera sido “muy bueno escuchar cuál es la postura del gobierno con respecto a la implementación de la Ley de Glaciares o la institucionalización de la licencia social”, para la instalación de emprendimientos mineros. También pidió conocer cuáles son las herramientas previstas por el macrismo “para agregar valor a la producción primaria, mecanismos fiables para controlar las cantidades y montos extraídos, entre otras materias”. (Infobae)

Dejar una respuesta