El juez federal Julián Ercolini levantó el secreto fiscal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia; del empresario Lázaro Báez y su familia; del empresario Cristóbal López y de varias empresas vinculadas con la obra pública, en el marco de la investigación en la denominada “causa Hotesur”.

La medida había sido pedida por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques para conocer la parte reservada de la declaración jurada que la ex mandataria presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“Resulta oportuna, pertinente y útil al curso de la pesquisa la medida impetrada, por lo que dispondré de conformidad el levantamiento del secreto fiscal respecto de las personas físicas y jurídicas”, explicó Ercolini en una resolución de ocho páginas que firmó este lunes.

kirchnerLa medida alcanza a Austral Construcciones, Badial SA, Alucom Austral SRL, Loscalzo y Del Curto construcciones SRL, La estación SA, Don Francisco SA, Kank y Costilla SA, Valle Mitre SRL y SA, Panatel SA, Inversora M&S SA, Los Sauces SA, Invernepa SA, BMC SRL, Sol Publicidad SA, Hotesur SA, La Aldea del Chaltén SA, Hostería el Retorno SA, CO.MA. SA, Hotel Kennedy SA, Idea SA y Alcalis de la Patagonia SA.

Todas las empresas aparecen relacionadas con la ex Presidenta y su familia y los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López.

En cuanto a las “personas físicas, con motivo de su vinculación con las firmas sospechadas (por ser accionistas, directores, gerentes y/o apoderados)”, el juez dispuso “el levantamiento del secreto fiscal respecto del período que va de 2005 a 2015”.

La medida comprende a Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia; a Lázaro Báez y sus hijos Luciana, Martín y Leandro; al difunto ex presidente Néstor Kirchner, y Cristóbal López, Adrián Berni, Romina Mercado (sobrina de la ex mandataria y presidenta de Hotesur), Osvaldo Sanfelice, Patricio Pereyra Arandia, Ricardo Albornoz, Edith Gelvez, Fernando Butti, Andrea Cantín, Emilio Martín, Roberto Gómez, José Del Curto, María Andreuzzi Yansen, Francisco, Martín María Gabriela y Viviana Anglesio; María Teresa Rossi, Pablo Grippo, María Alejandra Ruani, Marta Leiva, Martín, José y Gustavo Amil; Jorge y Sebastián Giovanakis; Jorge Marcos, María Valentina Roiz, Esther López Castro y Susana Rodríguez.

El juez Ercolini dispuso notificar al titular de la AFIP, Alberto Abad, que “deberá arbitrar los medios necesarios para remitir directamente a la Fiscalía” la información requerida en el término de cinco días.

Esa información incluye “locación de bienes inmuebles, transferencia electrónica de estados contables y consultas factuweb”, es decir las supuestas maniobras sobre las cuales se habría construido la acción de lavado de activos que se investiga en torno a los alquileres de empresarios sobre hoteles y otras propiedades de la ex familia presidencial.

El juez aclaró sobre la información reclamada que “deberá ser mantenida la reserva de datos sensibles”.

La investigación gira en torno de maniobras relacionadas con alquileres, por parte de empresas de Báez, de habitaciones en los hoteles de la familia presidencial que nunca fueron ocupadas. En ese sentido, la sospecha es que se habría lavado dinero de la obra pública con la que fue beneficiado el empresario por parte de la propia familia Kirchner.

Además, están en la mira de la justicia supuestas anomalías de la firma Hotesur en los registros de la Inspección General de Justicia (IGJ).

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