Luis Rodríguez, juez federal,  procesó hoy por “administración fraudulenta” al ex titular del ex AFSCA, Martín Sabbatella, con un embargo de diez millones de pesos por supuestas irregularidades en el control del uso de millonarios subsidios a organizaciones comunitarias.

El magistrado también procesó a la legisladora porteña del kirchnerismo Andrea Conde, quien estuvo a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales, por “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública” según la resolución a la que accedió Télam.

Al dictar el procesamiento, se dio por probado que “hubo un manifiesto desinterés por proteger los objetivos específicos plasmados en cada convenio”.

“Estoy convencido que, con la totalidad de la prueba obrante en autos, en base a la diversidad de acciones ejecutivas en estudio y teniendo fundamentalmente en cuenta que las irregularidades detectadas por la SIGEN y constatadas por el Tribunal, debían haber sido observadas por las autoridades del AFSCA”, afirmó el juez.

Las conductas de quienes debían controlar y no lo hicieron “fueron realizadas con dolo directo y con el fin de procurar un lucro indebido para sí o para terceros”, agregó.

“He de resaltar que los actos de los organismos y entidades estatales que pertenecen a la Administración Pública poseen un margen de actuación, es decir discrecionalidad (que no debe nunca entenderse como arbitrariedad) para evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de sus actos; sin embargo y tal como la SIGEN (órgano de contralor de la Administración Pública, entre otros) también resaltó, en esos casos resulta evidente el apartamiento de la misión establecida”, consideró el juez en el procesamiento.

Según fuentes judiciales, en la investigación se dio por probada la irregular asignación de subsidios a cuatro organizaciones por parte de la ex AFSCA.

Se trata del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por 650 mil pesos; la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón (distrito donde tiene su base política Sabbatella), por 2,25 millones de pesos; la Cooperativa de Trabajo Activa Limitada, por 700 mil pesos; y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, por 3,4 millones de pesos.

La acusación fue hecha por el fiscal federal Carlos Stornelli en base a una denuncia del Enacom basada en una auditoría de la SIGEN.

Entre otras actividades, se financiaron actividades como “¿Qué significa para nosotros el kirchnerismo?”, consignó el magistrado en el fallo.

En el procesamiento, el juez Rodríguez destacó, por ejemplo, “los gastos realizados en concepto de taxis abonados en ciudades diferentes a las que se estaban llevando a cabo encuentros, denotan que hubo un manifiesto desinterés por proteger los objetivos específicos plasmados en cada convenio”.

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