Este miércoles la llamada Ley de Emprendedores consiguió el visto bueno en la Cámara de Diputados y el proyecto fue girado al Senado.

La decisión en la votación en general fue definida por 189 votos positivos a siete negativos, con nueve abstenciones por parte de los legisladores cuyos emprendimientos -propios o familiares- podrían ser alcanzados por la Ley.

La iniciativa que giró el Poder Ejecutivo al Congreso plantea la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura jurídica que facilitaría abrir una empresa en 24 horas, llevar la contabilidad online y acceder a fuentes de financiamiento colectivo.

La propuesta también apunta a facilitar la llegada de inversiones a nuevas empresas a partir de beneficios impositivos y sistemas novedosos para el entorno local como el “crowfunding”.

mariano-mayer-1Sobre el final del período de sesiones ordinarias, el propio Ejecutivo había pedido que se acelerara el tratamiento de este proyecto, para no terminar el año sin la sanción.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, solicitó a principios de noviembre a los diputados la “pronta” aprobación de los proyectos enviados a la Cámara Baja, e incluyó la Ley de Emprendedores en la lista, junto a la de primer empleo, entre otras.

La solicitud fue enviada en un informe con casi 900 respuestas a las consultas realizadas por los legisladores de los distintos bloques sobre diferentes temas, según informó Télam.

Más allá de los cambios que el proyecto había recibido en la etapa de comisiones, con modificaciones propuestas el Frente Renovador y el sector del peronismo que lidera Diego Bossio, el debate en el recinto fue intenso.

Algunos legisladores como Axel Kicillof (FpV) y Dario Giustozzi (Juntos por Argentina) pidieron que las ONG y cooperativas reciban los mismos beneficios que esta ley otorgaría a las “startups”, y que por otra parte se excluya de la posibilidad de figurar como SAS a firmas vinculadas a grandes grupos económicos.

Asimismo, Facundo Moyano (FR) y Jorge Taboada expresaron preocupación por la precarización que sufrirían los trabajadores que se encuentren incluídos en empresas bajo este régimen, y el temor a que se provoque un efecto de terciarización.

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