En los últimos días tomaron fuerza diferentes candidaturas al puesto de Defensor del Pueblo: Graciela Ocaña impulsada por el PRO (Licenciada en ciencias políticas), Humberto Roggero (licenciado en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales) impulsado por el “menemismo cordobes” y Maria Jose Lubertino (abogada) que cuenta con una mirada positiva por parte del FPV, FR, organizaciones vecinales y de los derechos humanos.

La Defensoria del Pueblo de la Nación es un cargo con rango constitucional. Requiere ser votado por ambas cámaras con 2 tercios. Lleva dos adjuntos y ademas se elige el defensor de los derechos de niño, el procurador penitenciario y un coordinador de la comisión contra la tortura. Eso hace seis cargos en discusión. De los cuales en 2 cargos es requisito excluyente ser abogado.

La situación es compleja técnicamente y políticamente tanto para Graciela Ocaña como para Roggero ya que al no ser abogados si no van a la cabeza, se caen.

En lo político, el PRO propuso a Susana Decibe -la ex ministra- y a Graciela Ocaña. La proposición de Ocaña no es menor. En los pasillos se menciona que en el caso de no acordar un espacio común con Martin Lousteau, Ocaña podría ser la jefa de la oposición en CABA rumbo a las elecciones del 2017. Sacarla del medio es la mejor opción.

En base a las roscas políticas,escondidas de la sociedad, el que corre con ventaja es Roggero, producto de un acuerdo entre el PRO y Pichetto. Pero De La Sota y Schiaretti no quieren saber nada con la designación del menemista.

En la eventual caída de Roggero, ganaría fuerza la figura de Lubertino, ya que ademas de ser abogada y peronista es depositaria de mas confianza, para Pichetto, pues ambos provienen de un mismo espacio político.

 

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