Todo indica que se viene la segunda parte del ostentoso y exitoso “Sinceramiento fiscal”, el proyecto comandado por el Ejecutivo que plantea una reforma tributaria integral a cinco años, como una clara manifestación de la necesidad imperiosa de bajar el déficit fiscal como punto de partida.

Entre los puntos más llamativos a tratar en este segundo round, se encuentra el “revalúo” de bienes, que busca evitar que se tribute (como hasta hoy) sobre ganancias fictas que no reflejen la magnitud real de la capacidad contributiva. La modificación propone iniciar una especie de nuevo “impuesto especial”, que accedería al revalúo “por única vez” de los activos para que a partir de ese momento los mismos se encuentren valuados a la “realidad”.

Es importante recordar que actualmente, la misma Ley del Impuesto a las Ganancias prevé el ajuste por inflación general para el caso de las compañías y cedular para los demás sujetos, además de revalúos sobre bienes de uso y mercaderías. No obstante, el mismo no se encuentra activo porque aún sigue estando vigente la “Ley de Convertibilidad”, que obliga a que el factor de corrección sea igual a “1” vedando la actualización de las bases imponibles que conlleva una distorsión de la capacidad de pago de los tributarios.

En tanto, lo que se está sugiriendo también tiene rasgos de ficción, pero ahora menos costoso para el contribuyente. Lo que lleva a considerar que: el fisco reconoce que se está tributando ganancias fictas al 35%; este “impuesto especial” es un costo que se pagaría a una tasa inferior, pero necesaria por la propia inactividad del Estado que en todos estos años permitió llegar a esta grave situación; se debería abonar un impuesto hoy, para evitar un resultado peor en el futuro (con la venta). Cada contribuyente debería evaluar su costo de oportunidad; en principio no se derogaría la ley de convertibilidad que hoy impide el ajuste y revalúo por inflación; y este revalúo no solucionaría el problema de medir la capacidad contributiva a futuro. Entonces, parecería que se trata de una solución transitoria para un problema permanente, lo que de alguna forma impide planificar esto a largo plazo.

Si bien hay una buena intención de fondo, es momento de plantearse con franqueza que si están seguros de que la inflación va a tender a desaparecer, lo que sería muy importante es que se refleje en un método que esté vigente de forma potencial y que el mismo se active de forma automática ante determinadas variables económicas. De lo contrario, estaremos frente a una nueva seguridad jurídica aparente justificada en la mera recaudación. Por lo que, la segunda parte del “Sinceramiento fiscal” podría ser buena si se piensa a largo plazo.

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